El 2019 fue un año violento para los líderes sociales y exguerrilleros de las FARC que se acogieron al tratado de paz. Solo en diciembre, fueron asesinados 23 defensores de derechos humanos en el territorio nacional y en lo que va del 2020 el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) denunció este jueves el asesinato del excombatiente Benjamín Banguera Rosales, el primero del año, en el departamento colombiano del Cauca (suroeste).

El pasado fin de semana, la violencia volvió a sacudir a Nariño cuando un grupo de hombres llegó a la casa del líder Fabio Montero con la intención de acabar con su vida en el municipio de Leyva. No obstante, el defensor no estaba y los armados decidieron asesinar a su madre y a su abuelo.

Fabio Montero Enríquez es un líder que integra la Comisión de Derechos Humanos de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica y, además, hace parte de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Nariño.

Una violenta persecución y asesinato contra los líderes sociales de Colombia no tuvo freno en el 2019, que cerró con 250 asesinatos y Cauca, Antioquia y Nariño fueron los departamentos que más sufrieron por los crímenes contra defensores de derechos humanos, según el Instituto de Estudios Para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

La Misión de Verificación de la Organización de Naciones Unidas registró el 2019 como «el año más violento» para los desmovilizados de la FARC con 77 asesinatos.

Protección y acuerdos de paz

Un informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz, presentado el 1° de enero por la Misión de Verificación de la Organización de Naciones Unidas (ONU), reveló que el 2019 fue «el año más violento» para los desmovilizados de las FARC que se acogieron al tratado.

El balance de la implementación del Acuerdo de Paz, firmado el 24 de noviembre de 2016, analiza particularmente la situación de seguridad de los exinsurgentes desde el 27 de septiembre y el 26 de diciembre de 2019, en el que «la Misión verificó 20 homicidios de exmiembros de las FARC-EP».

La ONU recordó que en 2018 se produjeron 65 homicidios, mientras en 2017 fueron 31, con lo que «el número total de asesinatos es ya de 173, a los que se suman 14 desapariciones y 29 intentos de homicidio».

Desde la firma de la paz, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia «ha verificado 303 asesinatos de defensores y defensoras de los derechos humanos y líderes sociales, 86 de los cuales -incluidas 12 mujeres- ocurrieron en 2019».

Para Leonardo González, coordinador investigativo de Indepaz, el narcotráfico es una de las causas que se cobraron la vida de decenas de líderes en el país. En Cauca, Nariño y Antioquia, regiones del país donde más se registran estos actos delictivos, los grupos al margen de la ley intentan controlar los territorios y se encuentran con personas que buscan la sustitución legal, por lo que terminan acribillándolos por no compartir sus intereses.

En cuanto a líderes amenazados, la ONG Somos Defensores denunció que al menos 600 defensores de derechos humanos fueron amenazados en 2019. También se presentaron unos 35 atentados contra esta población, entre estos el perpetrado contra Milena Quiroz, excandidata a la alcaldía de Arenal, Bolívar, y defensora de derechos humanos, quien salió ilesa el fin de semana cuando su vehículo fue baleado en varias oportunidades.

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