Este viernes en el Noticero dialogamos con el abogado constitucionalista Domingo Rondina sobre el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJ) y la filtración de chats entre Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro, secretario del presidente de la CSJ Horacio Rosatti y ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, respectivamente, además de otros integrantes del Poder Judicial y del Gobierno de la Ciudad (GCBA).
«Hay un conflicto a raíz de una sucesión de fallos de la Corte que afectaron bastante al Gobierno Nacional y a las dos cabezas de poderes las enfrentó más que de costumbre. Primero fue el fallo del Consejo de la Magistratura donde la Corte anuló la ley vigente que había aprobado el Congreso hace 16 años y restituyó la ley anterior, con lo cual el Presidente de la Corte pasó a ser del Consejo pero, además, impidió asumir a algunos senadores justicialistas e hizo asumir en su lugar a algunos senadores de Juntos por el Cambio. Luego llegó el fallo por la medida cautelar respecto a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, porque Mauricio Macri le dio un extra sacado de la plata del Gobierno Nacional y Alberto Fernández sacó ese extra y la Ciudad hizo juicio pidiendo que lo devuelvan. La Corte le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires, no del todo si no que dijo que le dieran un poco de lo que habían sacado», explica Rondina. «Estos dos fallos llevaron a que el Gobierno pida el juicio político a los Ministros de la CSJ, esto se suma a la difusión de los chats de Robles, que habría estado hablando con D’Alessandro y le habría dado los argumentos que tenía que usar en la causa mencionada antes para darle razón a Juntos por el Cambio y no dejar asumir a los justicialistas, le daría letra para ganar el juicio. Eso, por supuesto, es algo gravísimo. Cualquier persona que tiene un juicio no quiere ni pensar que el Juez colabore con una parte».
Además, el abogado detalla que «pedir juicio político quiere decir que es la forma que prevé la Constitución para remover a los funcionarios más importantes del gobierno. Se los puede remover si se desempeñan mal o cometen delitos durante su desempeño. En este caso, personalmente creo que los argumentos del juicio político no tienen fundamento y no debería abrirse juicio político. El fallo de la CSJ sobre coparticipación me parece pésimo, es un fallo equivocado, incorrecto, donde no era competente para dictar la medida cautelar, aunque no es imposible, absurdo. Es un fallo que hace una opción jurídica. Lo que hacen los Ministros de la Corte es una opción posible. El Congreso no se puede poner a revisar eso, no tiene que revisar el derecho que la Corte aplica, solamente puede destituirlos si cometen una burrada. La otra hipótesis para que el Congreso eche a los Ministros por un fallo, es que ese fallo sea producto por un acto de corrupción».
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