Tras el asesinato de Fernando Báez Sosa a manos de un grupo de rugbiers en Villa Gessell, se propusieron diversas iniciativas tendientes a frenar esta ola de violencia e impulsar la capacitación y concienciación en el deporte.

El primer proyecto en ser presentado fue el del diputado nacional radical de Mendoza, Luis Petri, cuya iniciativa establece la formación obligatoria para prevenir y terminar con situaciones de violencia, bullying y cualquier otra forma de discriminación para todas las personas que realizan prácticas deportivas en clubes, organizaciones civiles o estatales, con carácter amateur o federado.

El legislador sostuvo que «debemos erradicar y prevenir la violencia en todas sus formas» y remarcó que «las situaciones de violencia extrema se llevan vidas de inocentes». «Los clubes deportivos son verdaderas poleas de transmisión y no pueden perder de vista la función social que desempeñan más allá del aprendizaje del deporte y la adopción de hábitos saludables. Deben complementar la tarea que desarrolla la escuela en la internalización de conductas alejadas de toda manifestación de discriminación, bullying o de violencia», manifestó Petri, y consideró que «es imprescindible abarcar a todos los deportes y no circunscribir la capacitación y prevención a una disciplina en particular, porque las situaciones de violencia, discriminación y bullying se encuentran alojadas transversalmente en el seno de la sociedad. Los comportamientos antisociales y disvaliosos no son patrimonio de una disciplina deportiva en particular, pero si es necesario poner especial énfasis en los deportes de contacto y combate por sus características intrínsecas y particulares».

El proyecto propone modificaciones al artículo 41 del Código Penal y la fijación de nuevos agravantes para la pena a imponer que incluyen la vulnerabilidad o indefensión de la víctima; la pluralidad de autores; la superioridad física del atacante o el alto grado de conocimiento técnico idóneo, para producir un mayor peligro a la vida o integridad física de la víctima; o la utilización de armas, entre otros. En estos casos, la pena se aplicará el tercio superior de la escala penal correspondiente.

«Creemos que en lugar de hablar de ‘mano prohibida’ es necesario poner el foco en las condiciones particulares de la víctima y el victimario y en función de ello, endurecer las penas», resaltó Petri, quien fue acompañado en el proyecto por Alfredo Cornejo (UCR), María Luján Rey (PRO), Diego Mestre (UCR), Camila Crescimbeni (PRO) y Ximena García (UCR), entre otros diputados.

Patada prohibida

Por su parte, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, el diputado Daniel Lipovetzky (PRO) se hizo eco de una iniciativa presentada por la abogada Valeria Carreras, del estudio de Fernando Burlando, que busca implementar algo similar a lo que se llama «mano prohibida» para los boxeadores, que habilita a las entidades rectoras del boxeo quitarle la licencia al púgil que cometa actos de violencia. La propuesta también fue acogida en el ámbito porteño por Leandro Santoro (Frente de Todos).

La iniciativa de Carreras impulsa que se penalice «al jugador de rugby mayor de 16 años, corresponden a la categoría M16 en adelante (están todos registrados en la UAR y la URBA) con suspensión de fechas a jugar y ante la tercera ocasión en que recurre a la violencia, se proceda a la quita de puntos al club».

Es importante mencionar que la denominada «mano prohibida» no es ninguna figura legal sino que se considera en la jurisprudencia como un agravante contar con «superioridad física», por ejemplo, ser un boxeador o especialista en algún arte marcial.

Lipovetzky señaló que está evaluando la iniciativa de los abogados y que está «estudiando posibles sanciones y analizando si aplicaría solo para el rugby o sería más amplio» y que está delineando los pasos necesarios para definir el texto del proyecto. Además, el diputado señaló que «se pusieron sobre la mesa las primeras ideas» pero que es una problemática que hay que estudiar «en profundidad». También Lipovetzky aludió a la posibilidad de avanzar en alguna norma que plantee señaléticas en los boliches para concienciar sobre el consumo de alcohol.

Por su parte, Santoro explicó en declaraciones radiales que «se trata de generar una suerte de responsabilidad social, entendiendo que aquella persona que realiza un deporte de impacto y que le da una capacidad física por encima de la media tiene una responsabilidad profesional asociada y tiene que saber administrarla».

Además, precisó que cualquier hecho violento contrario a la norma deberá ser informado a las entidades rectoras del deporte que practique el involucrado. «Si se comete un delito de lesiones, se informa a las federaciones. También la idea es trabajar en conjunto con las federaciones en las capacitaciones, concienciación y sanción al respecto», señaló.

«Lo más importante es entender y concienciar sobre la responsabilidad de ser poseedor de una fuerza física por encima de la media. Para esto hay que involucrar también a los clubes en estas situaciones cotidianas. El tema es que se repiten cotidianamente y solo algunos clubes deciden hacer algo al respecto, el resto no toma cartas en el asunto», indicó Santoro.

Finalmente, el legislador subrayó que «la idea es convocar a los clubes y a las federaciones y entre todos trabajar para ver si se pueden cambiar estatutos y, en el caso del rugby, que el comité de disciplina se pueda involucrar en casos como estos, teniendo en cuenta que las situaciones son reiteradas en distintas provincias del país».