Desde que se desató la crisis política en Bolivia tras las elecciones presidenciales de octubre de 2019 y la disputa sobre si lo ocurrido fue o no un golpe de Estado, la figura de Evo Morales despierta controversias y polémicas entre la oposición y el nuevo gobierno de Alberto Fernández. En el caso de la Unión Cívica Radical, esta cuestión genera divisiones internas. Mientras que los organismos partidarios están opuestos a Morales, otros sectores respaldan su figura.

«Morales atenta contra la paz»

El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical difundió un comunicado en el que critica la actitud de Evo Morales en el país y señaló que violan el carácter de refugiado que tiene. El texto, titulado «¿Podemos seguir ‘refugiando’ a Evo Morales?» y señala que «el expresidente de Bolivia, Evo Morales, se encuentra en nuestro país en calidad de refugiado, amparado por el Poder Ejecutivo y, al parecer, con una sola condición: ‘no hacer declaraciones políticas'» pero que, por el contrario, Morales «hizo todo lo contrario. Visitó la Quinta de Olivos, concedió todo tipo de reportajes a diferentes medios de comunicación, participó de actos políticos». Además, remarcaron sus declaraciones a medios de su país en las que manifestó que «hay que ‘organizar como en Venezuela, milicias armadas del pueblo'».

El documento, firmado por el titular del partido, el diputado nacional Alfredo Cornejo, y la vicepresidente Alejandra Lordén, indica que desde Bolivia «llegaron múltiples repudios a los dichos del expresidente Morales», mientras que apuntaron sobre el silencio de la gestión de Alberto Fernández: «Desde el Gobierno que lo refugió, nada».

«Las declaraciones de Morales atentan contra la paz y la democracia del país vecino, que está en pleno proceso de normalización de sus instituciones. Las amenazas de su exmandatario no ayudan en nada a los bolivianos», finaliza el comunicado.

Por otra parte, la cancillería boliviana solicitó al gobierno argentino que impida que Morales realice llamados «a la violencia o a la subversión». Además, el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, adelantó que pedirán que el canciller Felipe Solá concurra a una reunión con los presidentes de bloques para «explicar la posición del gobierno argentino respecto a las manifestaciones de Evo Morales». «El mismo ha confundido ‘refugiado’ con ‘comité de campaña'», además de «expresarse a favor de la violencia armada», añadió Negri.

Cesar el estatus de refugiado

En el marco de esta movida respecto de la situación del exmandatario boliviano, desde la bancada de diputados de Juntos por el Cambio se presentó un proyecto de declaración para exhortar a la Comisión Nacional para los Refugiados la cesación de esa condición para Evo Morales. Un grupo de ese bloque de legisladores integrado por los macristas Jorge Enríquez, Alberto Asseff, Waldo Wolff y Pablo Torello, y el radical Gerardo Cipollini, pide en la iniciativa que dicha comisión considere la «cesación de la condición del estatus de refugiado» del expresidente boliviano «por violar las reglas que implica ese amparo».

Además, los legisladores de Juntos por el Cambio repudiaron las manifestaciones que realizó Morales, «propugnando la creación de milicias populares» cuando el país vecino «se encuentra desarrollando un complejo proceso político electoral».

En los considerandos se señala que «es necesario destacar que el expresidente Morales Ayma se encuentra residiendo en nuestro país en virtud de la generosa concesión del estatus de refugiado que le fuera otorgado en el marco de la Ley N° 26.165 de Reconocimiento y Protección al Refugiado, reglamentaria de los compromisos asumidos por la República Argentina en la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967».

«Por ello, resulta obvio que manifestaciones de la naturaleza de las citadas, por parte de quien debió recurrir al auxilio humanitario de nuestra Nación, constituyen un ejercicio exorbitante y abusivo del derecho de expresión», argumentan.

Los diputados solicitan que la comisión evalúe «la cesación del estatus de refugiado oportunamente concedido al señor Juan Evo Morales Ayma, en tanto sus declaraciones resultan claramente violatorias de los deberes y responsabilidades que importa el ejercicio del derecho de libertad de expresión, por incitar a la violencia y a realizar actividades ilegales y que pretenden conculcar el orden democrático y republicano de su país».

«Morales no encaja en la figura de refugiado»

Al igual que sus pares de Juntos por el Cambio, el bloque de diputados de la Coalición Cívica-ARI presentó un proyecto reclamando que el Poder Ejecutivo haga cesar la condición de refugiado de Morales.

«La Convención de Ginebra de 1951 reconoce como refugiado a ‘toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de genero u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país’. También se hace eco de dicha definición la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), en la que, además, también es considerado refugiado quien ha huido de su país porque su vida, seguridad o libertad se encuentran amenazadas por la violencia generalizada, los conflictos armados, las violaciones masivas de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público», se expresa en la iniciativa y considera que «el expresidente Morales no encaja en ninguna de estas figuras».

El proyecto sostiene que «lejos se encuentra Morales de ser una víctima de persecución política a quien deba otorgarse refugio en nuestro país. El expresidente de Bolivia ha desatado una crisis sociopolítica en su país por haber violado la voluntad popular que negaba una re-re-reelección para su cuarto mandato consecutivo y haber avalado acciones fraudulentas en las recientes elecciones presidenciales. Fraude este comprobado por la investigación que realizó la OEA en solicitud del propio expresidente».

El bloque liderado por Maximiliano Ferraro indicó que «Morales no se ajusta a la figura de refugiado, por el contrario, es responsable del avasallamiento de las instituciones democráticas bolivianas, los que han desencadenado un reclamo ciudadano en defensa de su voto y voluntad popular».

«Las recientes declaraciones del exmandatario han dejado en claro sus indudables intencionalidades terroristas, al llamar a tomar las armas a la población civil de su país, sumado a la intensa actividad política que viene realizando. Es incompatible el carácter de refugiado con las prácticas que lleva a cabo Morales en la Argentina y, menos aún, si las mismas implican la posible comisión de ilícitos como la incitación al terrorismo», finaliza el texto presentado por los diputados de la CC-ARI.

La UCR ampara a los perseguidos

Contrario a la dirección del partido, un grupo de dirigentes radicales opuestos a la conducción cuestionaron el comunicado oficial y manifestaron que «en Bolivia se produjo un Golpe de Estado, que una vez consumado produjo masacres sobre la población. Evo Morales fue depuesto ilegítimamente».

El texto, firmado por Federico Storani, Ricardo Alfonsín, Juan Manuel Casella, Jorge Sappia, Alejandra Cellilli, Carlos Pérez Gresia y Héctor «Cachi» Gutiérrez, entre otros, sostiene que «la tradición de la UCR es el amparo a los perseguidos, por lo tanto, debe ser protegido y ayudado por nuestro país. El camino correcto debe ser el restablecimiento de la plena vigencia democrática a través de elecciones limpias, libres y transparentes para terminar con un gobierno usurpador que somete a nuestro pueblo hermano».