En las mismas calles en las que hoy descansan cuerpos víctimas del colapso de salud por el COVID-19, el pueblo ecuatoriano se midió hace seis meses con las Fuerzas Armadas por las medidas de austeridad del presidente Lenín Moreno, que desembocó en una grave crisis política y social que aún permanece. Tras días de manifestaciones entre sectores indígenas, sindicales y estudiantiles, el presidente Moreno decretó, como ahora, un estado de excepción de 60 días que otorga mayores poderes para el gobierno y la suspensión o restricción de algunos derechos fundamentales.

Hoy Ecuador no se bate en las calles como hace seis meses, no llama la atención de los países, medios de comunicación y organismos internacionales mediante la violencia o la lucha a pie. Hoy su población saca a la luz su estado de emergencia por medio de las redes sociales y con videos que rápidamente se viralizan. Cuerpos en las calles y personas que denuncian la falta de ambulancias, morgues y medidas de prevención son los reporteros de la crisis que vive el país.

El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, actualizó el lunes el estado del país. Hasta el momento se registran 1.966 casos positivos y 62 personas que fallecieron por coronavirus. El viceministro de Salud, Julio López, asegura que la situación es alarmante.

El 15 de marzo se cerraron fronteras y se suspendieron vuelos internacionales, pero el virus ya había entrado fuertemente al territorio, concentrándose en la provincia de Guayas, donde está su centro económico, Guayaquil. Las denuncias de medios de comunicación sobre repatriados que no cumplían con la cuarentena obligatoria incrementaron la preocupación de los habitantes de Guayas. El 72,8% de los casos se encuentran allí donde viven 4,5 millones de personas.

Ante la situación, se prevé cavar fosas comunes para los cuerpos de las personas que mueren en sus viviendas, ya que el sistema de Medicina Legal está colapsado. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, en entrevista con el diario local El Comercio expresó su preocupación por el manejo de los cadáveres que se denuncia por las redes sociales y confirma la medida de restricción a la movilidad hasta el próximo 5 de abril.

Mientras 17,5 millones de habitantes cumplen tres semanas de confinamiento, el Gobierno baraja medidas económicas para afrontar la situación de emergencia sanitaria. La posibilidad de pagar los sueldos de empresas privadas de forma diferida o en cuotas hoy encienden la polémica en el país. La opción se dio a conocer el pasado 28 de marzo cuando el Ministerio de Trabajo expidió un acuerdo que reformó uno anterior, este regula tres modalidades especiales de trabajo: reducción, modificación y suspensión emergente de la jornada laboral.

El nuevo acuerdo especifica que, si se llega a un acuerdo de manera libre y voluntaria entre empleado y empleador, se podrá pagar en cuotas la indemnización acordada por el retiro «voluntario». Es decir, pan para hoy y hambre para mañana. En medio de estas medidas se ordenó la militarización de Guayas y se está a la espera de la decisión de extender el confinamiento.