El 21 de enero del 2020 el gobierno español declaró la emergencia climática y ambiental en respuesta al consenso generalizado de la comunidad científica que, ante el cambio climático, reclama una acción urgente para proteger el medio ambiente, la salud y la seguridad de las personas.
La Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental, aprobada en Consejo de Ministros, muestra el compromiso y la prioridad del Gobierno, que desarrollará 30 líneas de acción, cinco de ellas en los 100 primeros días, para hacer frente a la crisis climática y aprovechar los beneficios sociales y económicos que ofrece la transición ecológica.
El acuerdo, que expresa la voluntad de una amplia mayoría del Congreso de los Diputados, también cuenta con el apoyo de los ecologistas, que animan a que la declaración garantice los cambios urgentes y necesarios para no superar en 1,5°C la temperatura global, en sectores claves como el energético, el transporte, el agrícola y el industrial.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirma que 2019 fue el segundo año más cálido jamás registrado. Las temperaturas medias de los últimos períodos quinquenal (2015-2019) y decenal (2010-2019) fueron las más elevadas de las que se tiene constancia. Desde los años 80′, cada nueva década es más cálida que la anterior. Asimismo, se prevé que esta tendencia continuará a causa de los niveles sin precedentes de gases de efecto invernadero que atrapan el calor en la atmósfera.
Para los ecologistas, la ley (que aún no fue sometida al proceso de participación pública y de la que no se conoce el plan definitivo) debe contemplar, entre otras cosas, la descarbonización completa de la economía, es decir, alcanzar un balance neto nulo entre las emisiones producidas por la actividad humana y la capacidad de absorción por los ecosistemas en 2040, así como el objetivo de reducción de emisiones del 55% en 2030 respecto a 1990.
«Aplaudimos los anuncios hechos en el Consejo de Ministros que sitúan la emergencia climática como prioridad en la agenda política. Por ello, es ineludible y urgente que se apruebe una Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica y un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) mucho más ambiciosos que los planteados hasta ahora y que, además, se les dote de procesos de participación pública efectiva«, declaró Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace España.
Parte del problema y la solución
España está considerada uno de los «puntos calientes» globales en materia de cambio climático, y las consecuencias del aumento de la temperatura inciden directa e indirectamente sobre la economía y los sistemas ecológicos españoles. Según la comunidad científica, esto acelera el deterioro de recursos esenciales para nuestro bienestar como el agua y el suelo fértil, y amenaza la calidad de vida y la salud de las personas.
Las primeras medidas para hacer frente a este desafío se materializarán en los primeros 100 días de acción del gobierno. Para ello, el Ejecutivo se compromete a llevar a las cortes un proyecto de ley que garantice alcanzar las emisiones netas cero no más tarde de 2050, impulsado un sistema eléctrico 100% renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales con emisiones de 0 gramos de CO2 por kilómetro, un sistema agrario neutro en emisiones de CO2 equivalente, y un sistema fiscal, presupuestario y financiero compatibles con la necesaria descarbonización de la economía y de la sociedad.
En el resto de las 25 medidas, la acción se marcará en las políticas económicas, de consumo, de movilidad, de vivienda, de cooperación internacional, de educación o de salud. En estas dos últimas políticas sectoriales, el acuerdo compromete al Ejecutivo a aprobar un Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad antes de que acabe el año y a poner en marcha un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente.
Otra parte de las medidas está centrada en asegurar la transformación del sector financiero público y privado para garantizar su viabilidad y la estabilidad del sistema. El primer paso será elaborar un Plan Nacional de Acción de Finanzas Sostenibles y un programa de emisión de bonos verdes por parte del Tesoro Público.
Medidor de resultados
En 2030 se habrá duplicado el consumo final de energía renovable y, en el caso de la electricidad, el 74% será de origen limpio. Según fuentes del gobierno, se trata de un esfuerzo coherente con el aumento de ambición a 2030 anunciado por la Comisión Europea: incrementar el actual objetivo de reducción de emisiones a 2030, un 40% para el conjunto de la Unión Europea (UE), a una horquilla entre el 50% y el 55%.
