La sangría de desalojos que sufre el pueblo español, junto con las escasas expectativas de creación de empleo que auguran los expertos, con una tasa de desempleo del 27%, ha acabado con la vida de 19 personas en lo que va del año. Diecinueve suicidios, víctimas que encontraron la única solución a su situación en pagar sus deudas económicas con su propia vida.
Desde el comienzo de la crisis económica española en 2008, y tras el pinchazo inmobiliario en 2007, se han producido más de 400.000 ejecuciones hipotecarias en el país, según datos de la Asociación Hipotecaria Española. La mayoría de estas han acabado en desahucio, lo que significa que miles de familias han tenido que salir de sus casas de forma violenta y forzada por la imposibilidad de hacer frente a sus deudas contraídas con los bancos.
Cabe destacar que la ley que actualmente rige el sistema hipotecario español exige a los ciudadanos que no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas de vivienda abonar la deuda contraída con los bancos, y a desalojar la vivienda. Por tanto, los afectados se ven en la calle y con la agonía de verse sin techo y tener que seguir pagando por una casa en la que ya no viven.
Los españoles llevan denunciando este abuso a los derechos humanos durante años, incluso llegaron a presentar en el Congreso más de un millón y medio de firmas con el objetivo de paralizar los desalojos, impulsar la creación de un parque “universal” de viviendas sociales y promover la dación en pago de la vivienda a cambio de saldar la totalidad de la deuda con la entidad financiera. Los medios de comunicación han mostrado las caras de miles de familias que han perdido sus hogares, y en los cementerios se ha llorado a las vidas humanas. Pero no ha sido hasta el reciente tirón de orejas por parte de la justicia de la Unión Europea cuando el Estado español ha tomado cartas en el asunto. Un Gobierno que sigue golpeando a los españoles con guantes de acero y políticas sanguinarias. En fin, según el tribunal europeo, las medidas que regulan en España los procesos de desahucio por el impago de una hipoteca son incompatibles con las normas europeas de protección de los consumidores. Europa considera abusiva e ilegal la ley española sobre desahucios.
Reacciones
Vigilado con lupa, el presidente Mariano Rajoy ha subrayado, en repetidas ocasiones, que modificará la normativa hipotecaria española para dar cumplimiento a la sentencia europea, aunque este sigue advirtiendo que “no será fácil generalizar fórmulas” que palien el problema. Mientras tanto, desde el pasado mes de febrero los afectados pueden beneficiarse de 5.000 viviendas en régimen de alquiler social provenientes de El Fondo Social de Viviendas (FSV). Se les pide un alquiler mensual que va 150 a 400 euros y una duración del contrato de dos años.
La presidente de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, ha asegurado que “con la aplicación de la nueva normativa será posible evitar el desahucio de las 200.000 familias que se encuentran ahora mismo en riesgo”. La PAH es una institución sin ánimo de lucro que ofrece servicios de asesoramiento a los afectados y que ha logrado paralizar 646 desalojos gracias a sus iniciativas y al apoyo de los vecinos.
Un dato interesante que muestra una reciente encuesta es que el 81% de los españoles confía más en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y en organizaciones no gubernamentales de apoyo a los desfavorecidos que en los políticos. Si algo bueno tiene esta crisis, es que está abriendo los ojos a los españoles. Más vale tarde que nunca.
Artículo elaborado especialmente para puntocero por Lourdes Fajardo Aguado.
