«Porropopom, porropopom, él que no salte quiere privatización», «Amigo mirón, únase al montón, su hijo es estudiante y usted es trabajador», «Lucha, lucha, lucha, por una educación feminista y popular» y «Adolorido, adolorido, adolorido del corazón, por un gobierno, por un gobierno que se ha robado la educación». Estos fueron los cánticos que más de 20.000 manifestantes hicieron retumbar en las calles de Bogotá, la capital de Colombia. Estudiantes, profesores y ciudadanía en general confluyeron en la Plaza de Bolívar el pasado 10 de octubre como rechazo ante la decisión de un desfinanciamiento a la educación superior.
A este grito se unieron más de 150 mil personas en diferentes ciudades del país, convocadas por la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (Unees). Además de rectores y sindicatos universitarios, la Federación Nacional de Educadores, la Organización Nacional Indígena, los estudiantes de universidades privadas y del Sena, la guardia campesina, entre otros, quienes buscan garantizar una educación digna, gratuita y de excelencia.
¿Qué piden los estudiantes colombianos?
El pliego que ha hecho llegar la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (Unees) tiene exigencias puntuales: la primera es un incremento de 4,5 billones de pesos para sanear el déficit provocado por la Ley 30 de 1992 de educación superior. La segunda petición está relacionada con la reliquidación de las deudas del Icetex con tasa real de interés 0%.
Asimismo, también se exige la condonación de la deuda de los estudiantes del programa Ser Pilo Paga, que otorgaba una beca a los estudiantes más destacados y de estratos socio económicos bajos. Congelar el costo de matrículas de instituciones de educación superior privadas, algunas de las cuales llegan a 20 millones de pesos colombianos un semestre de pregrado, es otra de las peticiones. Aumento en un 100% al presupuesto de Colciencias, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Además del pago de la deuda histórica a las universidades públicas, que hoy asciende a 16 billones en un plazo no mayor de 10 años, mantener los recursos del Sena, derogar la Ley 1.911 de financiación contingente al ingreso, la construcción de una nueva regla fiscal y que los procesos de acreditación de alta calidad no sean los determinantes a la hora de transferir recursos a las universidades. Otro requerimiento está vinculado a derogar la Ley 1.740 y, por último, respeto y garantías para la movilización sin represalias en universidades públicas y privadas.
Fin del lucro
Los estudiantes colombianos reclaman una educación incluyente y de calidad. El desfinanciamiento genera una coartación de la única herramienta para salir adelante como pueblo y sociedad. Piden que el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) deje de funcionar como banco estatal. Y no lucre más con los sueños de una carrera profesional de miles de colombianas y colombianos. Esta entidad que nace como una posible solución solo ha generado cuotas impagables e intereses exorbitantes que llevan a la cancelación de hasta más de dos veces el crédito que solicitó un estudiante.
La lucha del pueblo colombiano exige que la educación no sea más un privilegio de la burguesía rancia que nos han dejado años de ultra derecha en el gobierno.
Los colombianos de a pie piden a gritos que salgamos como ciudadanos a defender la educación. La ciudadanía no solo es un papel, es un ejercicio y se ejerce también en las calles.
La sociedad colombiana tiene que reconocer la labor que la universidad pública ha hecho a lo largo de la historia, y en el caso de la Universidad Nacional de Colombia por más de 150 años, le ha respondido con creces a la sociedad y la sociedad colombiana. Por eso es momento de respaldar.
De esta manera los estudiantes, la comunidad educativa y los procesos sociales, le dicen al gobierno de Iván Duque que no van a permitir que la educación prosiga en su proceso de privatización, mercantilización y elitización.
