La Cámara de Diputados aprobó la nueva ley de Impuesto a las Ganancias a la que el Senado había dado media sanción el último miércoles. Por 167 votos afirmativos contra 5 en contra y tres abstenciones, se ratificó el acuerdo alcanzado entre el Gobierno Nacional, la CGT y los gobernadores provinciales, con lo que se eleva el mínimo no imponible de 37.000 pesos brutos (30.500 de bolsillo) para casados con dos hijos y a 27.941 pesos brutos (23.200 de bolsillo) para solteros. La ley mantiene las deducciones por hijo, cónyuge, padres y empleada doméstica, al tiempo que permite descargar viáticos hasta un 40% aunque, en el caso del transporte, no se pondrán límites, y un 40% los alquileres de vivienda con un tope de 51.000 pesos.
Por otra parte, se estableció que los jueces o quienes ingresen al Poder Judicial pagarán Ganancias y en el caso de los jubilados lo harán cuando su haber supere los 30 mil pesos mensuales.
El costo fiscal de la reforma de la cuarta categoría alcanza los 50.000 millones de pesos, de los cuales 27.000 están incluidos en el Presupuesto y el resto se compensará con impuestos al juego y aumento del consumo. Los 6.000 millones de coparticipación que aportarán las provincias se compensarán con el 2% destinado a Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Respecto de los juegos de azar, el tributo por máquinas fue reemplazado por un incremento a las Ganancias de los juegos de azar de 35 al 41,5%. Además, los juegos de azar pagarán 0,75% por apuesta y los online un 2,5%.

Votos contra Ganancias

Los votos contrarios a la norma corrieron por cuenta de los legisladores del Frente de Trabajadores de Izquierda: Néstor Pitrola, Laura Sosa, Pablo López, y Juan Carlos Giordano, mientras que las abstenciones estuvieron a cargo de los diputados de San Luis: Luis Lusquiños y Berta Arena, además de Alcira Argumedo, de Proyecto Sur. A favor se expresaron los bloques de Cambiemos, el Frente Renovador, Progresistas, el bloque Justicialista, Movimiento Evita, el Frente Cívico de Santiago del Estero y Juntos por la Argentina.
Asimismo, los diputados del Frente para la Victoria se retiraron del recinto antes de la votación aunque se quedaron en sus bancas los cinco diputados por San Juan liderados por el presidente del PJ, José Luis Gioja, que había adelantado su voto afirmativo.
Tras la sanción de la norma el diputado del PRO y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Luciano Laspina, destacó que «el acuerdo fue masivo, salvo el FpV que no acompañó […] Se van a actualizar tanto el mínimo no imponible como el monotributo. Esto aumenta en 7 mil millones de pesos al proyecto del Ejecutivo. Esto va a ser absorbido por el Poder Ejecutivo Nacional. Desde enero va a haber una sensible reducción del impuesto a las Ganancias». Además, el legislador señaló que es «una ley sancionada con amplio consenso. Creo que definitivamente cierra un tema. Acordamos el mínimo no imponible, será el más alto de Latinoamérica. Y se irán actualizando las escalas de acuerdo a los salarios». Finalmente, remarcó que «el proyecto incluye deducciones muy importantes en las horas extra, con un plus por viáticos, por alquileres, por material didáctico de los docentes. Estas son las mejoras que tiene el proyecto, más allá de la revisión de las escalas».
Por el contrario, el diputado del Frente de Izquierda (FIT), Néstor Pitrola, que votó en contra sostuvo: «Nos dejó un sabor enormemente amargo porque ahora está legitimada por ley la confiscación del salario. Van a seguir pagando Ganancias como mínimo un millón y medio de trabajadores. Y un trabajador que gana 30 mil pesos netos va a pagar más incluso que con el proyecto inicial del propio macrismo. Eso negoció la CGT. Lo que votó Diputados es una vergüenza. El costo del Estado lo tienen que pagar las corporaciones».

La retirada de la oposición

Desde el kirchnerismo, Héctor Recalde justificó la retirada del bloque al manifestar que «está demostrado que el peso del déficit recaerá en los trabajadores, jubilados y autónomos, y no se tocarán los intereses de la patria financiera y de los agroexportadores. No queremos ser cómplices”. Su compañero de bancada, Axel Kicillof, consideró que «en materia de escalas este proyecto es mucho peor que el original que presentó el Poder Ejecutivo. El Gobierno dice que dejarán de tributar el impuesto unos 400.000 trabajadores, pero con las paritarias del año que viene, unos 2 millones de asalariados pagarán el impuesto».
Recalde también cuestionó la actitud del oficialismo y señaló que «respeto las posiciones de los que quisieron acordar, pero quiero decir que como contraparte rigieron el látigo y la billetera. Llegaron a decir que iban a cortar las obras públicas ya aprobadas. Condicionaron diciendo que era esto o nada. Y obviamente para muchos era necesario. No vamos a prestarnos a ser cómplices de esta situación».
Durante el debate parlamentario, Laspina había señalado que con este proyecto se «viene a reparar las profundas inequidades y distorsiones que se vienen dando en los últimos años, que implicaron subirle los impuestos a los trabajadores sin pasar por el Congreso». Al respecto, dijo que el impuesto se incrementó a raíz de la inflación «que el anterior Gobierno ocultó» y sostuvo que el proyecto aprobado por el Senado es «fruto» del diálogo con gobernadores, CGT, Gobierno y distintos bloques legislativos, y afirmó que «hubo una decisión valiente por parte del presidente Macri, que primero fue a convocar al diálogo».
Desde el kirchnerismo, Gioja justificó su decisión de permanecer en la sesión al manifestar «que hayamos acordado no significa que estemos todos felices ni que este proyecto sea el mejor de todos». Además, el diputado sanjuanino respaldó la disminución de las retenciones a la minería porque «es la única actividad que hizo que mi provincia crezca» y dijo que si se tiene que analizar tributos a actividades productivas «se debería mirar la Pampa Húmeda».
Finalmente, el diputado renovador e integrante del triunvirato cegetista, Héctor Daer, señaló que es «fundamental avanzar en este debate que por error político de este gobierno no se llevó a cabo antes» y criticó a «algunos gobernadores» que «sobreactuaron en contra de lo que habíamos dispuesto».

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