Tras el anuncio hecho mediante cadena nacional por la presidente Cristina Fernández de Kirchner, el proyecto de reforma del Código Procesal Penal ingresó al Senado para comenzar el debate parlamentario en las comisiones correspondientes. Por ahora, el proyecto está en dependencias de la Secretaría Parlamentaria del Senado.

Durante el discurso, la mandataria señaló que los objetivos de la reforma apuntan a crear «un instrumento de procedimiento ágil, rápido, moderno» y responde al reclamo de los propios magistrados, «la academia, la propia realidad y la sociedad que se siente desprotegida» y, aunque abarca un «universo más pequeño al del Código Civil y Comercial», busca «darle protección y seguridad» a los ciudadanos. En ese sentido, Cristina Kirchner explicó que el nuevo código establece «un sistema acusatorio que delega en el fiscal la acusación» y señaló que otro cambio permitirá que «las víctimas no sean meros querellantes sino que podrán participar en el proceso». Por otra parte, precisó que la investigación se podrá prolongar durante un año y el juicio oral deberá comenzar, como máximo, a los 30 días de terminada la instrucción. También señaló que «todas las decisiones serán orales, en audiencia pública, frente a un procedimiento actual lento y pesado».

«La causa no prescribe y, si el juez y los fiscales no cumplen con los plazos, van a tener sanciones graves, como llegar al jury de enjuiciamiento», remarcó la Jefa de Estado. Igualmente, aclaró que no se le quitan facultades a los magistrados sino que la investigación es dirigida por el fiscal.

Un punto que reconoció que puede causar rispideces está relacionado con los extranjeros. La Presidente indicó que el proyecto de reforma incorpora la «expulsión de extranjeros» que sean sorprendidos «in fraganti» mientras cometen un delito. Cristina Kirchner admitió que es una «figura que va a generar controversia» y remarcó que Argentina «tiene una política migratoria como pocos». Al respecto, aseguró que «es una protección que merecemos los argentinos frente a lo que se ha venido observando, extranjeros que ingresan al país con motivos de delinquir». Los inmigrantes que sean sorprendidos en el momento de perpetrar un ilícito «no podrán volver a ingresar al país por 15 años y, si lo hacen, serán juzgados».

Por otro lado, pidió a los legisladores que trabajen para que la iniciativa «tome estado parlamentario» y señaló que la misma da «instrumentos, no solo jueces y fiscales, que son el medio, para el ciudadano». Para fortalecer su reclamo, Cristina Kirchner pidió a «todos los componentes del Parlamento» para avanzar en la reforma y expresó que «la demanda de justicia, de reparación, no tiene colores partidarios. Quiero que este código no sea de una gestión o de un gobierno», sostuvo la Presidente.

Repercusiones

El fiscal general de la Cámara Nacional de Apelaciones, Ricardo Sáenz, dijo que la iniciativa es una «buena señal», ya que promueve pasar de un sistema inquisitorio a uno acusatorio, y remarcó la «importancia de la independencia de los fiscales». También subrayó la importancia de «cómo se los designa» y señaló que debe ser «por concurso, designación presidencial y luego acuerdo del Senado; y que no se pueda modificar si no es por otro acuerdo del Senado».

El juez de Garantías de La Plata, César Melazo, se refirió al artículo sobre la expulsión de extranjeros que delinquen: «Este es un país que acoge a hermanos extranjeros con una amplitud enorme, pero (para aquellos) que quieran vivir, pasear y trabajar en este país, y no delinquir; y me parece bárbaro en este sentido la sanción», sostuvo el magistrado. Respecto del funcionamiento del sistema judicial, expresó su respaldo al hecho de que sean «los fiscales quienes instruyan y el juez juzgue», pero alertó que si no hay cambios en el presupuesto, «es más de lo mismo».

Por su lado, el extitular de la cartera de Justicia, León Arslanian, indicó que «hay un cambio de paradigma en el sentido que la presidenta ha respondido a una demanda social o popular intensa, y esto va a dar lugar a la polémica, la discusión». Los temas nuevos «van a generar mucha polémica, y está bien que así sea, por lo menos en el Congreso, y después habrá que ver sus aplicaciones por parte de los jueces», manifestó Arslanian.