El 12 de enero de 2010 un terremoto de magnitud 7,2 sobre la escala de Richter sacudía con fuerzas Haití y destruía el 60% de su infraestructura sanitaria. El Palacio Presidencial de Puerto Príncipe, que soportó bombardeos y dictaduras, quedó reducido a escombros. Los hospitales y escuelas fueron el sepulcro de enfermos y maestros. Las calles eran alfombras de cadáveres. La escena era apocalíptica y alertaba el surgimiento de epidemias y enfermedades producto de la descomposición humana.
El movimiento telúrico causó más de 200.000 muertos y las autoridades locales situaron la cifra por encima de los 300.000. El sistema político colapsó y Haití se sumió en ruinas. Se estima que los daños que dejó el terremoto son equivalentes al 120% del PBI del país y una recesión económica del 5%. Un presidente casi ausente y la lente del mundo puesta en las víctimas que fueron tapa de diario pero que hoy ya es olvidado.
60 segundos bastaron para destruir y demoler todo Haití, su gente y sus esperanzas de progreso. Uno de los países más pobres de América estaba en ruinas y su desgracia era transmitida en vivo y en directo.
Para muchos, la catástrofe quedó reducida a un terremoto que devastó todo. Sin embargo, las verdaderas causas del desastre no deben buscarse en el movimiento sísmico sino en las condiciones socioeconómicas extremas, las aglomeraciones urbanas, los estilos precarios de construcción, la degradación ambiental, la debilidad del Estado y las presiones internacionales. Una historia que no se cuenta y que pocos logran vivir porque no son hijos de esas tierras.
La democracia no garantiza la paz
Jean Betrand Aristide, el primer presidente electo democráticamente en Haití, fue derrocado en 2004. El éxito del segundo Golpe en contra de su gobierno se logró con la aquiescencia de una comunidad internacional, condicionada por los intereses de Francia (apoyada por Estados Unidos), que no iba a aceptar la exigencia de la reparación histórica que anunciaría el mandatario haitiano. Aristide fue obligado a abandonar su país tras un Golpe de Estado que llevó a Haití a una crisis económica, política y humanitaria sin precedentes.
Después de la intervención militar que puso a Boniface Alexandre en el poder provisionalmente, se creó la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas para Haití (MINUSTAH) por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 2004, con los objetivos de «estabilizar el país, pacificar y desarmar grupos guerrilleros y delincuenciales, promover elecciones libres e informadas y fomentar el desarrollo institucional y económico de Haití», como dice el documento.
Cuestionada ayuda humanitaria
Las condiciones parecen no cambiar. La tensión por la corrupción latente aún se vive en las calles de Puerto Príncipe. La catástrofe natural no se olvidó y las condiciones de pobreza aumentan con la crisis económica.
Haití es el país más pobre del continente: 80% de su población, antes del sismo, sobrevivía con menos de dos dólares al día. El entorno está degradado a niveles impresionantes, con solo 2% de cobertura forestal y con procesos imparables de erosión y pérdida de tierras cultivables. La principal fuente de energía en la isla es el carbón vegetal y, hasta el momento, prácticamente ningún intento de frenar la deforestación fue exitoso. La escasa rentabilidad en la agricultura y la baja competitividad de sus productos de exportación, dadas la inequidad de los aranceles y la injusta protección en los países desarrollados, generan un elevado flujo migratorio, de unas 75.000 personas al año, hacia las ciudades, donde se registra una urbanización caótica y desenfrenada, con procesos de construcción precarios y sin ningún control.
A dos años del devastador terremoto (período en el cual se desplegó una importante parte de la ayuda humanitaria dada en Haití en los últimos años) la situación era desalentadora. «519.000 haitianos vivían en tiendas de campaña, en 758 campamentos en el área metropolitana de Puerto Príncipe, la mitad de los escombros seguían sin recogerse» y, lo que era peor, se había desatado un brote de cólera que acabó con la vida de miles de ciudadanos. Es de conocimiento público que el brote se produjo por la contaminación de fuentes hídricas que llevaron a cabo desde una base del equipo de la MINUSTAH.
El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) narra en su columna de análisis político del 25 de febrero de 2019 cifras y detalles poco alentadores del accionar de este equipo y la ayuda humanitaria que se desplegó en Haití. Según este el cólera, llevado por la MINUSTAH y deliberadamente ocultado por la ONU, produjo la muerte de 10.000 personas. Posteriormente, hubo un rebrote en 2015 con 18% más de víctimas mortales que la primera vez.
Varios informes de Oxfam, entre los que se encuentran «El lento camino hacia la reconstrucción» y el reportaje «MINUSTAH, la vieja enemiga de Haití», relatan el impacto de la tragedia del país, cuya gran brecha social mantiene a millones de ciudadanos en la extrema pobreza y a una pequeña élite local (y otra internacional) como únicas beneficiarias de los activos orientados a la ayuda a los haitianos.
Entre otros datos que recoge Oxfam sobre el destino de las inversiones son destacables los siguientes: el mayor receptor individual de dinero del terremoto de Estados Unidos fue el Gobierno de los Estados Unidos. Lo mismo es válido para las donaciones de otros países.
Associated Press descubrió que, de los 379 millones de dólares en dinero inicial de Estados Unidos, se documentó en enero de 2010 que 33 centavos de cada uno de estos dólares para Haití retornó directamente a los Estados Unidos.
Los presidentes George W. Bush y Bill Clinton anunciaron una iniciativa para recaudar fondos para Haití el 16 de enero de 2010. A partir de octubre de 2011, el Fondo había recibido 54 millones de dólares en donaciones. «(…) ha donado 2 millones para la construcción de un hotel de lujo haitiano de $ 29 millones».
En abril de 2017 el Consejo de Seguridad de la ONU definió la finalización de la MINUSTAH para octubre de 2017. A partir de entonces, el componente militar de la misión se retiraría y habría reducciones del personal policial tanto como de las tareas civiles.
La situación no cambia, solo se transforma
Desde 2018, miles de personas salieron a las calles a protestar en el marco del «PetroCaribe Challenge», un escándalo de corrupción en el que se acusa al gobierno haitiano de malversar miles de millones de dólares provenientes del programa venezolano de petróleo PetroCaribe. Los fondos estaban originalmente destinados al desarrollo de infraestructura y programas sociales, de salud y educación. Protestas que aún se mantienen pese a las víctimas mortales a causa de la represión de las fuerzas militares. Los jóvenes haitianos abanderan el descontento y la indignación ante una situación de corrupción que se ríe de sus víctimas y transa con los más poderosos.
Según el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, entre marzo y junio de este año, se proyecta que más de 2,6 millones de personas en Haití sufrirán de inseguridad alimentaria. En un contexto de inflación de 15%, un déficit de 89,6 millones de dólares y una moneda en rápida devaluación, se espera que este año la situación humanitaria solo empeore.
El 14 de enero del presente año, el presidente haitiano Jovenel Moise anunció que el período legislativo de la Cámara de Diputados llegó a su fin. La medida deja paralizado al Parlamento y permite a partir de ahora al presidente gobernar por decreto. Moise, quien está ampliamente cuestionado por la oposición y enfrentó protestas multitudinarias en los últimos meses, gobierna ahora por decreto y sin contrapesos.
