Este viernes, el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmaron el acuerdo para el pago de la deuda de 44.000 millones de dólares que la administración de Mauricio Macri contrajo en 2018. «Se llegó al mejor acuerdo que se podía llegar», afirmó el ministro de Economía, Martín Guzmán. Previamente, en el momento del anuncio para las y los ciudadanos del país, el presidente Alberto Fernández manifestó que «sufríamos un problema y ahora tenemos una solución, se tenía una soga al cuello y ahora un camino por recorrer», en referencia a los puntos principales del tratado que pone foco en el desarrollo de la nación y la generación de empleo.
En cuanto al empréstito generado por Macri, «ese programa resultó en un profundo fracaso y deterioro de la situación económica y social en la Argentina. El propio FMI reconoció que el programa falló, que no logró alcanzar ninguno de los objetivos que se había planteado, tanto en la esfera económica, como en la social y financiera», aseguró Guzmán. De todas maneras, Argentina tendrá que afrontar su pago más allá de críticas y cuestionamientos.
El comunicado, firmado por Julie Kozack y Luis Cubeddu, directora adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI y el jefe de la misión para Argentina, respectivamente, afirma que «el personal técnico del FMI y las autoridades argentinas llegaron a entendimientos sobre políticas clave como parte de sus discusiones en curso sobre un programa respaldado» por la entidad financiera y «acordaron el sendero de consolidación fiscal que formará un ancla de política clave del programa». Cabe mencionar que este plan está contemplado en un lapso inicial de dos años y medio con la posibilidad de extenderlo a 10 tras su paso por el Congreso.
Sobre esto último, Fernández aseguró: “Tengo confianza en la Argentina y en las líneas generales de este acuerdo que elevaré al Congreso de la Nación para su consideración. Necesitamos que apoyen este convenio y apelo así al compromiso nacional de todos y todas”.
Al respecto del acuerdo, desde el FMI expresaron que «el sendero fiscal acordado mejoraría de manera gradual y sostenible las finanzas públicas y reduciría el financiamiento monetario; es importante destacar que también permitiría aumentar el gasto en infraestructura y ciencia y tecnología, y protegería programas sociales focalizados», además de «una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva será fundamental para mejorar la composición del gasto público». “Hemos llegado a un entendimiento sobre el marco para la implementación de la política monetaria como parte de un enfoque múltiple para enfrentar la alta y persistente inflación», detallaron desde el organismo.
Precisamente, «este marco tiene como objetivo asegurar tasas de interés reales positivas para respaldar el financiamiento interno y fortalecer la estabilidad. También hemos acordado que el apoyo financiero adicional de los socios Internacionales de Argentina ayudaría a reforzar la resiliencia externa del país y sus esfuerzos para asegurar un crecimiento más inclusivo y sostenible», detalla el comunicado oficial.
Por otra parte, Guzmán compartió algunos de los principales puntos del entendimiento y adelantó que «la política cambiaria va a seguir en la línea en la que se ha venido llevando a cabo” sin “ningún salto cambiario” y «una meta para 2022 de crecimiento de las reservas internacionales de 5.000 millones de dólares”. Asimismo, se trabajará para lograr “una reducción gradual del déficit fiscal sobre la base de una economía que se recupera” y “reducción gradual pero decidida de la asistencia monetaria que realiza el Banco Central al Tesoro”. “Se apunta a converger en una situación en la cual no haya más financiamiento sistemático del Banco Central al Tesoro”, advirtió.
Además, Alberto Fernández expresó que “sin acuerdo, no teníamos un horizonte de futuro. Con este acuerdo, podemos ordenar el presente y construir un futuro” y, “en comparación con otros anteriores que la Argentina firmó, y es bueno recordarlo, este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo” porque “no restringe, no limita ni condiciona los derechos de nuestros jubilados que recuperamos en el año 2020. No nos obliga a una reforma laboral. Promueve nuestra inversión en obra pública. No nos impone llegar a un déficit cero. No impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología”.
Finalmente, el Ministro de Economía invitó «a todos a acompañar este proceso y también invito a la oposición. El programa será más robusto si el apoyo social y político es más amplio».
