En el informe “Juicio a la Justicia. Deficiencia en las investigaciones penales de femicidios precedidos de desaparición en el Estado de México” elaborado por Amnistía Internacional se documenta, a través del análisis de casos emblemáticos (Nadia Muciño Márquez, asesinada en 2004; Daniela Sánchez Curiel, desaparecida en 2015 y todavía en paradero desconocido, y cuya familia presume que fue víctima de feminicidio; Diana Velázquez Florencio, desaparecida y asesinada en 2017; y Julia Sosa Conde, desaparecida y asesinada a finales de 2018.), la urgencia en materia de violencia de género y la desidia e ineficacia de las autoridades en el desarrollo de las investigaciones.
El 2020 fue un año atravesado por la pandemia mundial de COVID-19, hecho que evidenció, entre otras cosas, la violencia estructural a la que miles de mujeres, niñas y disidencias son sometidas en sus propios hogares.
En México, las cifras son alarmantes: se registran 3.723 muertes violentas de mujeres, de las cuales 940 fueron investigadas como feminicidios por las 32 entidades federativas del país, sin que exista una sola entidad libre de femicidios. Cabe destacar que se utiliza el término feminicidio, que da cuenta del crimen cometido por motivos de género y, además, destaca la falta de atención y la impunidad que rodea el crimen.
Los datos brindados por el informe son aún más desalentadores: los reportes exponen que las autoridades no realizan bien su labor, inspeccionan inadecuadamente el lugar de los hechos, no resguardan la evidencia, se pierden pruebas y testimonios y no se realizan pruebas periciales.
Ante este panorama, se propicia que las propias familias tomen la posta de la investigación, por supuesto, con escasos recursos y tolerando las amenazas e intimaciones de las autoridades a fines de no verse expuestos en su inoperancia.
Sobre esta situación, María Antonia Márquez, madre de Nadia Muciño (víctima de feminicidio), declaró: “Muchos días me iba a sentar a la Procuraduría a que la ‘señorita MP’ me quisiera atender, que me informara, y no me daba ningún informe. Yo llegaba tempranito para ser yo atendida. […] Nosotros pudimos seguir porque pude conseguir un trabajo. Trabajar en casa y ser dueña de mi tiempo, pero muchas madres, muchos familiares lo dejan porque, ¿de dónde? ¿Cómo subsistes? Los gastos siguen, tienes que seguir pagando todos tus servicios del trabajo, entonces tienes que trabajar, y no hay ningún trabajo que te aguanten faltando”.
Para finalizar, quien también se pronunció fue Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México: “Las autoridades deben prevenir, investigar y sancionar con la debida diligencia los feminicidios. Como parte del Estado mexicano, están obligadas a cumplir con los tratados internacionales en los que México es parte, incluyendo las Convenciones de Belem do Pará o de la CEDAW, y las sentencias emitidas contra el Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que establecen un conjunto de normas, estándares y principios para garantizar los derechos de las mujeres”.
