Esta semana, un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advierte que la reducción de las políticas públicas para proteger a las personas en situación de pobreza crea un terreno fértil para la extrema derecha a nivel mundial.
El documento, presentado en la Asamblea General de la ONU, afirma que «las reformas de bienestar social en nombre de la austeridad y la eficiencia alienaron a millones de personas en situación de pobreza y jugaron a favor de una extrema derecha que busca explotar el descontento», según Olivier De Schutter, referente nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Este informe revela que los sistemas modernos de protección social, lejos de reducir la pobreza o recortar el gasto público, lo que hacen es estigmatizar a los beneficiarios. «Estos sistemas punitivos aumentan la inseguridad económica, erosionan la confianza en las instituciones públicas y dejan a millones de personas sintiéndose humilladas y abandonadas por la política tradicional», lamentó De Schutter. «También puede tener consecuencias negativas para la salud mental y fomentar el distanciamiento respecto de los programas de asistencia social, hasta el
punto de que muchas personas deciden no solicitar esas ayudas», expresa el texto.
Asimismo, otro de los análisis realizados concluye que «es en este vacío donde los populistas de extrema derecha prosperan, presentándose como campeones de los dejados atrás por las ‘élites'». «Pero su agenda no es empoderar a las personas en pobreza sino que es desmantelar aún más las protecciones para su propio beneficio. Una vez en el poder, trabajan para mantener los privilegios de la misma élite económica que denuncian en sus discursos, recortando la asistencia alimentaria, la sanidad y otros servicios que salvan vidas, profundizando así la pobreza y la exclusión».
Precisamente, el texto pone el foco en la Argentina y Estados Unidos, donde se priva a millones de personas de atención sanitaria básica o apoyo económico mientras los recortes impositivos se trasladan a los sectores más adinerados. «Estas son las políticas de la exclusión: una decisión deliberada de cortar los salvavidas a los pobres mientras se premia a los estratos más ricos de la sociedad, a menudo en nombre de proteger los presupuestos públicos de los ‘foráneos’ o los llamados ‘pobres no merecedores'», un discurso tantísimas veces leído o escuchado en nuestro país.
Al respecto de esta situación, la politóloga Azul García detalló que en Argentina, «la ley de financiamiento universitario implica el 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI) por año, la ley de emergencia pediátrica requiere 90 millones de dólares anuales. No obstante, el Boletín Oficial señala que el financiamiento que propone la ley de emergencia pediátrica solo podría llevarse a cabo mediante el desfinanciamientos de programas esenciales de salud. Haciendo un análisis comparativo, es fácil observar la nimiedad de los números presupuestarios que requieren ambas leyes frente a otros gastos del oficialismo nacional. Podemos recordar que Marcos Galperin, creador de la plataforma Mercado Libre y su respectiva billetera virtual, recibe 100 millones de dólares en subsidios del Estado argentino por año. También podemos mencionar la baja en las retenciones a bienes personales y a la compra de autos de lujo, como así la baja temporal en las retenciones al maíz y al sorgo (de 12% a 9,5%), a la soja (de 33% a 26%) y a los subproductos de la soja (de 31% a 24,5%), donde el Estado realizó un gasto de 544 millones de dólares. Asimismo, cuando el oficialismo llevó las retenciones a 0% durante una semana para beneficiar a las agroexportadoras, se perdió la recaudación de 1.500 millones de dólares. Otra fuente de comparación puede ser la partida presupuestaria de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que el Gobierno Nacional decidió ampliar por 32.616 millones de dólares».
Asimismo, el documento manifiesta que, «en nombre de la austeridad, en Argentina más de 800.000 personas ya no reciben medicamentos bajo el seguro público de salud. Además, la inversión pública se ha detenido: en la Argentina ya no se construyen escuelas, jardines infantiles, centros de salud, hospitales ni viviendas. En consecuencia, son las personas en situación de pobreza quienes están pagando el precio más alto por el restablecimiento del equilibrio fiscal».
Finalmente, el informe encuentra respuesta a esta problemática con el refuerzo al sistema de protección social, porque «es nuestra herramienta más efectiva para erradicar la pobreza. No es caridad, ni un favor otorgado bajo estrictas condiciones, es un derecho humano que debe proporcionarse a todos de buena gana y con respeto». «Miles de personas en pobreza con las que hablo me dicen que se sienten estigmatizadas y vigiladas en lugar de apoyadas. A menos que la protección social se tome en serio como un derecho humano, los populistas de extrema derecha seguirán cosechando lo que se ha sembrado», advirtió De Schutter en su ponencia.
