Despues de 15 años, Argentina tiene una Ley de Acceso a la Información Pública. La Cámara de Diputados rechazó los cambios que había introducido el Senado y ratificó la versión original del proyecto que promovió el Ejecutivo. La norma fue respaldada por 182 votos a favor (Cambiemos, Frente para la Victoria, Frente Renovador y Bloque Justicialista) mientras que 16 diputados (pertenecientes a la Izquierda, el Socialismo y LIbres del Sur) se manifestaron en contra. La ley sancionada obliga a los tres poderes del Estado, a partidos políticos y gremios, entre otras entidades, a responder los pedidos de cualquier ciudadano en un plazo no mayor a un mes. Este plazo se compone de 15 días más un período similar como prórroga excepcional.
La Argentina junto a Bolivia, Cuba y Venezuela eran los únicos países latinoamericanos que no contaban con una ley de acceso a la información pública. Ahora los distintos organismos del Estado tendrán un año para adaptarse a las condiciones que le impone la norma que reemplaza al Decreto 1172/2003, un instrumento que permitía acceder a la información pública pero solo en el ámbito del Poder Ejecutivo.
Entre las excepciones a la obligación de informar figura la información clasificada como reservada, confidencial o secreta por razones de defensa o de política exterior. También está exceptuada la información que pudiera poner en peligro el funcionamiento del sistema financiero, secretos industriales, comerciales, financieros o científicos cuya revelación pudiera perjudicar el nivel de competitividad.
La nueva agencia de información pública
La iniciativa crea una Agencia de Acceso a la Información Pública como ente autárquico, que funcionará con autonomía funcional en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional y cuyo director será elegido por el Poder Ejecutivo en un procedimiento «público, abierto y transparente que garantice la idoneidad del candidato».
Los entes comprendidos son la administración pública nacional, conformada por la Administración Central y los organismos descentralizados. En estos últimos se incluye las instituciones de seguridad social. También abarca al Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa, el Consejo de la Magistratura, las empresas y sociedades del Estado que abarcan a las empresas y sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación Estatal mayoritaria. Además incluye a las sociedades de Economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias. Dentro de las intituciones que deben dar la infromación se cuentan los concesionarios, permisorios y licenciatarios de servicios públicos; organizaciones empresariales; los partidos políticos; los sindicatos; las universidades y cualquier entidad privada a las que se les haya otorgado subsidios o aportes del Estado.
Funciones y penalizaciones
La obstrucción, suministro incompleto o trabas para la entrega de la documentación se considerará una falta grave, sin perjuicio de las responsabilidades que pudiera caberle conforme a los códigos Civil y Comercial, y Penal. Los interesados podrán interponer un recurso administrativo ante la denegatoria de la información.
Asimismo, la ley establece la creación de la Agencia de Acceso a la Información Pública en el ámbito del Poder Ejecutivo. Su tarea será asesorar a la ciudadanía sobre la tramitación de una solicitud de información, coordinar el trabajo de los responsables de acceso a la información pública designados por cada jurisdicción, realizar capacitaciones en la materia e impulsar las sanciones administrativas ante los funcionarios incumplidores.
La designación del titular de esta agencias será mediante un procedimiento abierto, público y transparente que garantice la idoneidad del candidato. Tendrá rango de Subsecretario de Estado, durará 5 años en el cargo y podrá ser reelegido por única vez. A este fin se convocará a una audiencia pública y se abrirá un proceso de observaciones.
También se creará el Consejo Federal para la Transparencia, conformado por un representante de cada una de las provincias y uno por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y será presidido por el director de la Agencia. Su función será coordinar las acciones en materia de transparencia.
Se implementarán organismos de acceso a la información pública con las mismas funciones que la Agencia de Acceso a la Información Pública, dentro del ámbito del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos, Fiscal y de Defensa.
Por otra parte, se determinarán obligaciones en materia de transparencia activa. Las personas deberán facilitar la búsqueda y la información pública a través de la página oficial de la red informática de una manera clara, estructurada y entendible. También se detallará información que necesariamente deberán publicar en esta página oficial.
Voces a favor del proyecto
La diputada Karina Banfi (UCR-Cambiemos) señaló: «En adelante veremos cuál de los tres poderes del Estado cumple más acabadamente con las obligaciones de la ley. Esa es ahora nuestra tarea: verificar la instrumentación de la norma». Además, expresó que «en muchas oportunidades el juez Ricardo Lorenzetti se expresó a favor de la ley de acceso a la información. Esta es una contradicción que ahora deberá resolver», manifestó la diputada. Cabe destacar que el máximo tribunal rechazó días atrás un pedido que había formulado la diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica) para acceder a las declaraciones juradas de su presidente, Ricardo Lorenzetti.
Por su parte, el diputado del PRO y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli, dijo que es «gran avance» la sanción de la ley. «No solo toda persona humana o jurídica tiene derecho a requerir información pública sino que el proceso es muy simple y las excepciones son de alcance limitado», remarcó.
Finalmente, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, expresó que «Argentina se ubica en el puesto 54 en el mundo en materia de apertura de datos públicos. El acceso a la información es un derecho, pero nuestro objetivo es ser uno de los 10 países más transparentes del mundo».
