El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y los ministros de Planificación, Julio de Vido, y de Economía, Axel Kicillof, comunicaron que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para que se declare como servicio público los servicios de telefonía, la televisión por cable y el acceso a internet. En lo que hace a la telefonía abarcará tanto los aparatos fijos como los celulares.
En la conferencia de prensa en la que realizaron el anuncio también estuvo presente el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, y se informó que la norma llamada «Argentina Digital» tiene como objetivo universalizar los servicios asegurando «ecuanimidad» en la calidad de prestación de los mismos, además de garantizar el «derecho humano a las comunicaciones». Asimismo, manifestó que «era necesario que el derecho humano a las telecomunicaciones sea sancionado por ley».
De Vido señaló que el proyecto busca «declarar de interés público el desarrollo y la regulación de las tecnologías de información y las comunicaciones». También afirmó que la iniciativa «excluye cualquier tipo de regulación de sus contenidos». Por otra parte, el funcionario remarcó que se «garantiza el desarrollo de las redes que permitan a la gente acceder al mayor universo de información y comunicación disponible». Al respecto, indicó que la legislación propuesta tiene como fin «posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes a los servicios de información y comunicación en condiciones equitativas, con los más altos parámetros de calidad».
Además, el ministro Kicillof remarcó que el acceso a la tecnología de la información y la comunicación «se convirtió en un derecho humano» y dijo que «es una necesidad darle un verdadero marco jurídico a todo esto». En relación con la propuesta, indicó que “no puede ser que una ley de 1972 sea la que regule internet y los teléfonos celulares, que hace 40 años no existían», a la vez que destacó el crecimiento «exponencial de la facturación de las empresas de internet, cable y telefonía móvil».
Los funcionarios destacaron que la nueva norma haría que los prestadores garanticen la misma calidad de los servicios sin importar en dónde se habite. Berner afirmó que el servicio «de larga distancia» en telefonía se terminaría (una llamada de Jujuy a Buenos Aires costaría lo mismo que una llamada a un vecino del mismo edificio) y Capitanich habló del capítulo «de la inviolabilidad de las comunicaciones». «Acá se establece la inviolabilidad del correo electrónico. Esperemos que esto sea escuchado en el norte del mundo, donde últimamente hay algunas violaciones», indicó el funcionario.
Puntos principales
El proyecto señala que la infraestructura necesaria para llevar los contenidos digitales hasta los domicilios podrán ser utilizados mediante el pago de un canon fijado por el Gobierno, por parte de las empresas licenciatarias que quieran ofrecer servicios de telecomunicaciones.
Además, se incorpora el concepto de neutralidad de la red, que establece que las empresas encargadas de transportar los contenidos no podrían discriminar precios en función del peso que esos contenidos tienen en el tráfico total de datos.
Lo novedoso de esta nueva ley de telecomunicaciones es que daría la vía libre para que la misma empresa pueda ofrecer todos los servicios de telecomunicaciones en forma conjunta. De esta forma, cobraría en una sola factura la telefonía fija y celular, la televisión por cable y el servicio de internet.
Un punto a destacar es que se fija que se debe efectuar una revisión de las velocidades de conexión de datos a los usuarios. Por otra parte, se determina que los proveedores de conectividad deben habilitar a terceros para acceder a los hogares usando su misma infraestructura. Esto significa que en lugar de existir varias conexiones físicas para un mismo usuario (para cada servicio de telefonía, televisión e internet), de sancionarse este proyecto todos deberían poder usar la misma infraestructura. En ese sentido, el Secretario de Comunicaciones indicó que esta modalidad le permite a jugadores más chicos competir con los más grandes.
Sospechas opositoras
El exdiputado y representante de la oposición en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Gerardo Milman, señaló que el proyecto del oficialismo busca ayudar a Telefé y Telefónica, ya que permitiría que la compañía de telecomunicaciones sea propietaria del canal de televisión. Al respecto, Milman explicó que «la ley de medios, en su artículo 25 impedía a las telefónicas tener servicios de comunicación audiovisual. Ahí entraba el caso de Telefé Argentina, que pertenece a Telefónica. Ahora, la nueva ley de telecomunicaciones en su artículo 9° habilita la posibilidad de que los titulares de servicios de telefonía sean titulares de medios de comunicación audiovisual y viceversa».
«Comparto la necesidad de legislar sobre la convergencia digital. Ahora bien, esta ley introduce modificaciones en los planes de adecuación a la ley de medios», aclaró Milman. Además, señaló que «cuando Telefónica presentó su plan de adecuación propuso achicarse al menos en un 35% del espectro y desprenderse de algunas licencias de televisión en el Interior. Ese plan de adecuación nunca se trató. Junto a Marcelo Stubrin (el otro representante opositor en la AFSCA) planteamos que todos los planes de adecuación deberían tratarse en el mismo acto para responder a la ecuanimidad que pidió la Corte en su fallo».
«Hay planes de adecuación que presentaban algún conflicto que ahora estarían amparados por la legislación modificada, lo que genera una situación de inequidad», sostuvo Milman.
