Si bien la ley que creó las comunas en la Ciudad de Buenos Aires se sancionó en 2005, recién en las elecciones de julio de 2011 los porteños pudieron elegir a los comuneros: autoridades de estas entidades gubernamentales descentralizadas con presupuesto propio. Y este no es el único retraso, ya que en la Constitución de la Ciudad, sancionada en 1996, se establecía que estos funcionarios debían elegirse en 2001.
A más de un año de haber sido electos y estar en funcionamiento, podemos preguntarnos: ¿Qué pasa con las comunas? ¿Cómo están realizando su tarea?
“Tenemos todos los problemas con la Jefatura de Gobierno” afirma Julieta Costa Díaz, comunera de Proyecto Sur. En tal sentido, señala que tanto en el presupuesto aprobado el año anterior y en el que se va a debatir para el 2013, no se tienen en cuenta a las comunas como jurisdicciones, por lo que el presupuesto es manejado por la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. De esta forma, Costa Díaz dice que “terminamos atados al poder central” y agrega que no se cumplió con nada de la ley en lo que se refiere a la transferencia de competencias y servicios a las comunas.
Por su parte Alejandro Szer, comunero del Frente para la Victoria, señala que cuando asumió pidio “al ministro de Hacienda porteño, Héctor Grindetti, que se efectuara la correcta transferencia que dicta la ley de comunas». También cuestiona el aspecto presupuestario y explica que a fin de 2011 se aprobó una ampliación del presupuesto en 102 millones de pesos que “no se ha ejecutado”.
La ley 1.777, denominada Ley Orgánica de Comunas, determina como obligaciones exclusivas de las comunas tareas como: planificar, ejecutar y controlar los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias. Esto hace referencia a las calles, ya que el arreglo de avenidas queda bajo responsabilidad del Gobierno de la Ciudad.
Otras funciones de las comunas, en este caso con compartidas con el gobierno central, son: la participación en la planificación, prestación y control de los servicios; la decisión, contratación y ejecución de obras públicas, proyectos y planes de impacto comunal; la implementación de programas locales de rehabilitación y desarrollo urbano y el ejercicio del poder de policía de las normas sobre usos del espacio público y suelo, a través de órganos con dependencia administrativa y sede en la comuna.
Sin embargo, la realidad parece ser muy distinta. Según lo señalado por Costa Díaz “las juntas comunales se reúnen para realizar cosas muy acotadas, organizar charlas.» Alejandro Szer explica que en el área de desarrollo económico, donde desarrolla sus tareas, organizan charlas con microemprendedores: «organizamos una muestra con 80 microempresas. Son tareas que no tienen gran visibilidad para el vecino pero que les corresponden a las comunas.» Además, Julieta Costa Díaz señala que las licitaciones para obras “las hace la Secretaría de Gestión Comunal, cuando debería hacerlas el Ministerio de Espacio Público” y no se le informa a este organismo como tampoco se lo hace a las comunas.
Por ejemplo, en el tema de la poda las atribuciones están muy limitadas, ya que no poseen personal especializado y, de acuerdo con Szer, “depende de la capacidad de la gente de la comuna. En el caso de la Comuna 1 hay personal que trabaja desde la época de los Centros de Gestión y participación y está más interiorizado en el tema.» Ambos comuneros coinciden en que para esas tareas, al igual que el arreglo de veredas, si bien se reciben partidas no tienen la capacidad de controlar su ejecución al no tener poder de policía. Además, desde un punto de vista legal, denuncian que ese traspaso se hace por un acta acuerdo, una herramienta que no tiene validez, eso se debe hacer por medio de un acto administrativo por lo cual siempre está latente la posibilidad de dejar sin efecto esas transferencias. Al respecto, es interesante destacar que la figura de guardián de plaza que se transfiere no es una figura jurídica existente.
Como forma de contrarrestar estas fallas en el funcionamiento comunal, tanto Costa Díaz como Szer señalan como primordial insistir en que en el presupuesto del próximo año la ejecución esté a cargo de las comunas y no de la Secretaría de Gestión Comunal. Costa Díaz señala tal modificación: “Queremos ir con fuerza para pedir a los legisladores. Yo insisto con la formalidad, aunque me digan que soy burocrática, ya que sin la formalidad no se puede controlar nada. El Gobierno de la Ciudad no le da importancia a la transparencia”, indica. Szer señala que si no se modifica el tema de la ejecución presupuestaria, la situación va a seguir igual o muy parecida al año siguiente respecto del actual.
El camino para llegar a las comunas fue largo y lento, en un camino hacia la descentralización del Gobierno de la Ciudad. Habrá que esperar buena voluntad de los legisladores para que este proceso siga avanzando.
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