Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

Luego de casi 3 décadas de la sanción de la Ley Nacional de Radiodifusion, promulgada el 15 de septiembre de 1980, durante la última dictadura cívico militar, y después de dos intentos por parte de distintos gobiernos, la tercera fue la vencida.
La Coalición por una Radiodifusión Democrática fue quien impulsó este proyecto que contaba con veintiún artículos, y no fue de casualidad: estos representan la cantidad de años desde que regresó la democracia hasta 2004, donde se propuso la modificación de la Ley de Radiodifusión de la dictadura. Esta agrupación cuenta con la participación de  sindicatos de prensa, universidades, organizaciones sociales, radios comunitarias, pequeñas radios comerciales y organismos de derechos humanos.
En agosto del 2009 la presidente Cristina Fernández de Kirchner envió a la Cámara de Diputados el proyecto que fue estudiado durante más de un año a través de más de 24 foros de debate, a lo largo y a lo ancho del país. En la cámara baja se le dio la media sanción a la ley, y sin embargo, se le realizó cerca de 100 modificaciones. El viernes 10 de octubre de ese año, cerca de las 10 de la mañana, comenzó a sesionar el Senado, que aprobó la ley con 44 votos a favor y 24 en contra, luego de 20 horas de debate.
Debemos recordar que la ley creada por la dictadura en 1980 trajo consigo una serie de modificaciones, el antes llamado CoNaRT (Comisión Nacional de Radio y Televisión), creado en 1972, fue reemplazado un año después de la sanción de la ley 22.285 por el Comité Federal de Radiodifusión (ComFeR).
Esta comisión estaba integrada por 7 miembros, cada uno de ellos de los siguientes sectores: Ejército Argentino, Armada, Fuerza Aérea, Secretaría de Informacion Pública, Secretaria de Estado de Comunicaciones, la Asociación de Licenciatarios de la radio y por último la Asociación de Licenciatarios de la Televisión.

Con la llegada de la democracia de la mano del doctor Raúl Alfonsín, se dispuso la intervención de dicho organismo hasta la sanción de la nueva ley de radiodifusión, que no pudo ser sancionada debido a diferentes obstáculos puestos por los dueños de multimedios. Sin embargo, el Presidente no se quedó de brazos cruzados, creó la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y el Poder Ejecutivo intervino el ComFeR. En los 90 se privatizaron varias señales y, entre otras situaciones, se gestó el ingreso de empresas extranjeras. En 2001, con la presidencia de Fernando De la Rúa se volvió a intentar modificar “la ley de la dictadura”, pero los medios privados volvieron a poner palos en la rueda.
Nuevos órganos reguladores
La ley, en su articulado, crea una gran cantidad de nuevos órganos que vienen a reemplazar las funciones del ComFeR, pero también a crear espacios relacionados a la creación estatal de contenido y demás. Todos ellos se concentran desde el artículo 10 en adelante.
Los nuevos órganos son: Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (CFSCA), Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la infancia, Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, Defensor Nacional del Público, Radio y Televisión argentina S.E. y el Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos.
Conflicto con el Grupo Clarín
En diciembre de 2009, el juez federal en lo civil y comercial, Edmundo Carbone, hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Grupo Clarín y falló contra dos artículos de la ley 26.522. El magistrado ordenó que se suspendiera la aplicación de los artículos 41 y 161 tras sostener que los mismos “conducen a un menoscabo de los derechos constitucionales de propiedad y de industria lícita”.
Tras el fallo, el ministro de justicia Julio Alak sostuvo que el gobierno apelaría, consideró “extraño que el juez, a cargo del Juzgado Nacional de primera instancia en lo civil y comercial N° 1 de la Ciudad de Buenos Aires desde 1980, se haya declarado competente para entender en esta materia, ya que las cuestiones contra el estado deben tramitarse dentro del fuero contencioso administrativo”.
El 22 de mayo de 2012, la Corte Suprema de Justicia estableció un plazo concreto para el cumplimiento de artículos de la ley cuya aplicación se encontraba suspendida por medidas cautelares solicitadas por el Grupo Clarín. La corte fijó para el 7 de diciembre de 2012 el plazo límite para el vencimiento de dichas medidas cautelares, al aducir que estas “no pueden sustituir la solución de fondo” y que las medidas cautelares “son resoluciones jurisdiccionales precarias y no pueden sustituir la solución de fondo porque afectan la seguridad jurídica”. De este modo, la resolución del caso “Grupo Clarín S.A. y otros sobre medidas cautelares” ordena que se aplique el artículo 161 de la ley, que obliga a la desinversión en el caso de multiplicidad de licencias, por lo que este grupo deberá deshacerse de sus activos excedentes en el plazo de un año “desde que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición. Vencido el plazo, serán aplicables las medidas que al incumplimiento correspondiesen”. De las aproximadamente 300 licencias que posee el Grupo Clarín, podrá mantener un máximo de 24, debiendo deshacerse de las demás.
Uno de los grupos empresarios junto a Clarín es el de Vila-Manzano. El primero admitió a través de una nota televisiva que: “la ley de medios fue pensada para combatir a Clarín”, quien además hizo fuerza para quedarse con Cablevisión (empresa que depende del Grupo Noble).
Hecha la ley, hecha la trampa
Como en todo, siempre hay maneras de aprovechamiento y claro, esta no es una excepción. Entre ellas las siguientes:

Martín Sabbatella acaba de asumir como presidente de AFSCA sin siquiera renunciar a su banca de diputado nacional.
Cristóbal López adquirió C5N, Radio 10 y las fm Pop, Mega, Vale y TKM, entre otros medios, sin el permiso del AFSCA. En el camino de la construcción de su imperio del juego denominado Casino Club S.A., López recibió la invalorable ayuda de Néstor Kirchner, por entonces gobernador santacruceño. Recorrió ese camino de la mano de un grupo de socios: Héctor Cruz, un exmilitar que fue interventor del casino de Neuquén durante la época del proceso y que realizó tareas de inteligencia en el ejército; Ricardo Benedicto y Juan Castellanos Bonillo, un empresario hotelero. Con estos acompañantes logró transformar en solo 15 años un emprendimiento que a principios de los 90 solo contaba con una sala de juegos en Comodoro Rivadavia, en un gigante que hoy tiene 13 casinos y unas 6.360 máquinas tragamonedas distribuidas en 9 provincias.
El 5 de diciembre de 2007 Kirchner firmó el decreto N° 1.851, por el cual extendió en 15 años la concesión del Hipódromo Argentino de Palermo a la empresa de López, a pesar de que recién vencía en 2017. También lo benefició con un aumento de hasta el 70 por ciento en la cantidad de tragamonedas: de las 3 mil actuales a 5.100.
La corte había avalado la designación de Raúl Tettamanti en el juzgado en lo civil y comercial federal N° 1, que tiene entre sus expedientes la presentación del Grupo Clarín por el artículo 161, conocido como la «cláusula de desinversión», de la Ley de Medios. Ese juez terminó renunciando por las presiones del gobierno.
Sabatella impulsó a Cynthia Ottaviano para asumir en el rol de defensora del público. Hay que remarcar que es una de las fundadoras del diario afín al gobierno Tiempo Argentino, también tiene un programa en Radio Nacional junto al conductor de 678.
El kirchnerismo presentó un proyecto en el Senado para reglamentar la figura del «Per Saltum», que elude la acción de la justica en casos de «gravedad institucional» y deriva las causas directamente a la corte.
La humilde opinión
Tuvimos la posibilidad de hablar con dos profesionales:
Facundo Martín Di Filippo: entre 2006 y 2007 ejerció presidencia en la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación de la legislatura porteña. Desde 2008 hasta la actualidad, Facundo preside la Comisión de Vivienda. Actualmente, además, integra la mesa ejecutiva de la Coalición Cívica en el distrito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es uno de los vicepresidentes del bloque porteño de esta agrupación en la legislatura.
Como diputado, se destacó por ser quien más iniciativas legislativas ha presentado y antes de asumir como diputado, trabajó como periodista, productor periodístico y como investigador periodístico en diversos medios de comunicación.
¿Qué te parece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales impulsada en 2009 y que se pondrá en total vigencia en diciembre?
«Creo que es una ley perfectible, pero necesaria. Recuerdo haber participado en charlas donde se debatía su modificación, en la facultad de Ciencias Sociales de la UBA, mucho antes de la llegada al gobierno nacional de Néstor Kirchner quien, paradójicamente, le prorrogó las licencias a los grupos concentrados de comunicación. Durante muchos años trabajé en la Universidad de Buenos Aires, en el área de comunicación, y recuerdo cómo sufrimos intentando crear la radio universitaria, y la respuesta de la Secretaría de Comunicación de la Nación era que no existía la figura legal, cosa que se incorporó con la nueva ley, como así también la figura de radio comunitaria.»
¿Crees que esta ley le va a abrir las puertas a nuevos comunicadores?
«El mercado concentrado está obligado a desregularse, a abrir el juego, por ende seguramente será un espacio canalizador de nuevos comunicadores. Igualmente creo que el debate a futuro es cómo se generan nuevos espacios de comunicación, no cómo se redistribuyen los ya concebidos. Espacios de comunicación libres de la tensión que te generan las empresas periodísticas con la presión de escribir con la línea editorial del diario, sea oficialista u opositora a este o a cualquier otro gobierno.»
Además, ¿considerás que dicha ley conlleva a una desmonopolización o le dará lugar a un monopolio oficial?
«Hoy, al no estar vigente, aprovechan tanto los medios opositores como los oficialistas. Si sigue esta lógica de reproducción se verá una pelea por el control de varios medios. No me cabe ninguna duda que tanto con pauta oficial (ejemplos: Gvirtz, Spolsky, Hadad, etc.) como con empresarios “amigos” (Cristóbal López, Rudy Olloa, etc.), el gobierno nacional ha montado un gran aparato comunicacional, con el objetivo (y la excusa) de pelearle el monopolio de la palabra a Clarín y compañía. Mal puede pedir un gobierno desregular, cuando controlan con el alcance de la creciente pauta oficial (1.500 millones de pesos anuales) muchos medios, acción no plausible de denominarse monopólica, aunque el dinero que la sustenta venga de una única fuente, la estatal. La rivalidad va a seguir, y las excusas para no cumplir la ley también.»
Por su parte, Sebastián Cadenaba, locutor nacional de radio y televisión y profesor de Eter, también dio su opinión y esto fue lo que nos dijo:
«Creo que la nueva ley de medios en su plena vigencia puede dar la posibilidad a que surjan nuevos medios de comunicación, pero eso siempre y cuando se aplique equitativamente y en forma objetiva y no subjetivamente. La puerta se puede abrir a nuevos comunicadores siempre y cuando se «predique con el ejemplo».  Si el gobierno como hace en Tecnópolis da lugar a un extranjero que ni siquiera está habilitado para trabajar en nuestro país como locutor eso demuestra, como dije anteriormente, que por ahora se aplica con total subjetividad y sin ser lógicos con el espíritu de la ley. Además, tengo la esperanza a la desmonopolización, pero por la cosas que me voy enterando, difícil que eso ocurra. La intervención a una empresa perteneciente a un monopolio la realiza otro monopolio que, para colmo, tiene entre sus integrantes a un personaje con muchas denuncias de la época menemista (Manzano).  Se dice que ese monopolio interventor va a terminar quedándose con la empresa, con lo cual es reemplazo de monopolios.»
Habrá que esperar al 7D (siete de diciembre) para ver qué sucede. No hay dudas que este tire y afloje entre el gobierno nacional y el Grupo Clarín solo tendrá solución si comienzan a ser flexibles y la justicia interviene.