Por primera vez en la historia argentina, un vicepresidente fue citado a declaración indagatoria en una causa judicial. Amado Boudou deberá concurrir a la Justicia el día 15 de julio en el marco de la causa Ciccone. En la misma se investiga la posibilidad de que el vicepresidente haya realizado «negociaciones incompatibles con la función pública» en el plan de salvataje de la ex Ciccone, una imprenta de papeles de seguridad.
El pedido fue hecho por el juez Ariel Lijo y Boudou deberá presentarse esa fecha a las 11 a prestar declaración. Además de Boudou y los miembros de la familia Ciccone, el juez convocó a José María Núñez Carmona, allegado al vicepresidente; a Alejandro Vanderbroele, titular de The Old Found; y a Rafael Resnick Brener, exjefe de asesores de la AFIP.
En el escrito, el juez Lijo señaló que Amado Boudou, junto a José María Nuñez Carmona, habrían adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, mientras Boudou estaba a cargo del Ministerio de Economía, por intermedio de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele, con la finalidad de que el Estado Nacional firmara contratos con la imprenta para la confección de billetes y documentación oficial.
«Boudou, aprovechando su condición de funcionario público, y Nuñez Carmona habrían acordado con Nicolás y Héctor Ciccone y Guillermo Reinwick la cesión del 70% de la empresa ‘Ciccone Calcográfica’ a cambio de la realización de los actos necesarios para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la Administración Pública», se menciona en el texto.
Además, Lijo indica que «Amado Boudou habría tenido injerencia, de forma directa, presenciando las reuniones para la adquisición y junto a Resnick Brenner -jefe de asesores de la AFIP- en el trámite de un plan de pagos ilegal en AFIP. Asimismo, habría intervenido, a través de personas interpuestas, en los actos necesarios para el levantamiento de la quiebra, con el objetivo de obtener el certificado fiscal para contratar con el Estado Nacional. Esa finalidad se habría visto satisfecha una vez que Boudou ya era vicepresidente en, al menos, una oportunidad con Casa de la Moneda».
El juez concluye que la maniobra para apropiarse de la empresa terminó a fines de 2011. Ese año, a apenas tres días de que Boudou asumiera la vicepresidencia, Ciccone obtuvo el certificado fiscal necesario para contratar con el Estado nacional.
Boudou irá a la cita
Los abogados defensores del vicepresidente Diego Pirota, Eduardo Durañona y Deborah Lichtman manifestaron que el funcionario concurrirá a declarar. Mientras que desmienten, tal como el propio Boudou, que haya alguna relación entre el vice, Vandenbroele, Núñez Carmona y The Old Fund, desde el entorno consideran que el hecho de ser citado a indagatoria en este momento es una cuestión política para diluir el efecto del acuerdo entre el gobierno nacional y el Club de París. Otros aspectos que señalan para fortalecer esta teoría es que ese día se realizará la cumbre del BRICS a la que asistirá la presidente Cristina Kirchner y, además, señalan que podría haberse citado a Boudou para dentro de una semana y no para dentro de un mes y medio.
La oposición pide juicio político o renuncia
Tras conocerse el pedido de Lijo, las principales figuras de los partidos de la oposición se encolumnaron en la postura de que Boudou debe renunciar, pedir licencia o que se le debería iniciar el juicio político.
«Lo menos que puede hacer Boudou es pedir licencia. Cualquier decisión seguirá afectando a la Presidenta», señaló Julio Cobos, diputado y precandidato presidencial por el Frente Amplio Unen. Su colega Margarita Stolbizer afirmó que «de ninguna manera la Presidenta y Néstor Kirchner estaban al margen del negocio» hecho entre el gobierno y Ciccone. «Boudou no es solamente Boudou, no es un funcionario cualquiera. Primero fue la persona elegida por la Presidenta para sucederla en el poder; segundo, es el presidente en ejercicio cuando la Presidenta viaja, no estamos hablando de cualquiera», explicó Stolbizer, quien añadió que las acusaciones contra Boudou por el presunto «tráfico de influencias» para rescatar a Ciccone son parte de «una práctica de ejercicio del poder que el kirchnerismo instaló en la Argentina».
Desde el PRO, Mauricio Macri consideró que “lo importante es que se aporten todos los elementos y la justicia trabaje, no como hasta ahora». Desde el massista Frente Renovador, el diputado Felipe Solá dijo que “es urgente que cualquier acción de corrupción en el Estado no prescriba, tal como propone Sergio Massa». La izquierda se manifestó por medio de Jorge Altamira, quien exigió la dimisión del vicepresidente para que pueda «ser juzgado como cualquier ciudadano de a pie» al considerar que manteniéndose en el cargo «goza de los privilegios del poder para defenderse».
Ingrata Mar del Plata
El bloque de concejales de la UCR de la ciudad natal de Boudou presentó un proyecto en la legislatura local para quitarle el título de «vecino destacado» al vicepresidente. Al respecto consideraron que “es una verdadera vergüenza que tenga una plaqueta».
El reconocimiento había sido impulsado por el oficialismo de Acción Marplatense y por el intendente Gustavo Pulti, quien le había entregado una plaqueta que lo reconocía como «vicepresidente marplatense» y expresaba el afecto de la localidad en el acto en el que se lo había nombrado con esa distinción.
Los ediles radicales dijeron que es gravoso que Boudou tenga ese título y el concejal Mario Rodríguez consideró «increíble e inaceptable, una verdadera vergüenza, que Boudou haya sido y siga siendo considerado ‘vecino destacado’ de nuestra ciudad».