La manifestación está convocada para este miércoles 17 de febrero a las 17 horas por el Colectivo Ni Una Menos, frente a los Tribunales de todo el país. En la marcha se reclama por una emergencia nacional frente a la cantidad de femicidios que ocurren en Argentina. Según el informe realizado por la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMalá), ocurre uno cada 22 horas. También se reclama que la Justicia actúe con perspectiva de género.

Según estas estadísticas, en lo que transitamos de este año 51 mujeres fueron asesinadas. Incluso en estas horas, estos números aumentaron, ya que se conocieron las muertes de Silvia Rojas y su hermana Silvana Natalia, en Santiago del Estero, asesinadas por Rino Garnica, expareja de Silvia. En Formosa, Mirna Elizabeth Palma fue asesinada por su marido Carlos Medina, policía retirado. En Marcos Paz ocurrió el femicidio de Vanesa Carreño también asesinada presuntamente por su expareja, Carlos Soruco Fernández. Además del caso de una mujer en Santa Fe, que fue atacada por su pareja de 27 puñaladas, Facundo Crocco, que se encuentra prófugo mientras ella lucha por su vida. Lamentablemente, el número que también aumenta es la de los niños que quedan sin sus madres e, incluso, femicidios vinculares como también transfemicidios.

El femicidio de Úrsula Bahillo, ocurrido hace unos días, nos viene a cambiar el paradigma, ya que demuestra que el Estado continúa sin dar respuestas a las denuncias, a las medidas judiciales y a todos los pedidos que las víctimas realizan para que las protejan, además de exponer las fallas en todo el sistema. Ella había cumplido en denunciar a su agresor 18 veces y no fue escuchada.

Asimismo, los familiares de víctimas de femicidios y sobrevivientes se reunieron la semana pasada frente a Casa Rosada para pedir justicia y para demostrar, una vez más, que las respuestas no alcanzan. Solicitaron una audiencia con el presidente Alberto Fernández para ser escuchados.

El Estado y sus representantes, sin importar su bandera política, son responsables de dar respuestas frente a los asesinados. La línea 144 y las Comisarías de la Mujer son elementos del Estado que se pusieron a disposición para ayudar en los casos de violencia, pero no alcanzan, se necesita una reforma judicial y que se deje de realizar un disciplinamiento sobre las víctimas. Úrsula hizo todo lo que se le indicó que debía hacer y no obtuvo respuestas, tenía 18 años y fue asesinada por su expareja que era policía.

Es urgente la aplicación efectiva de la Ley Micaela en todos los sectores del Estado, un control acerca de quiénes son las personas que pertenecen a las fuerzas judiciales, si tienen denuncias de violencia, si están en condiciones de portar un arma para evitar más muertes. La implementación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) es necesaria para poder trabajar en los primeros estadios de la violencia y en construir vínculos sanos desde el amor.

Se necesitan respuestas rápidas y efectivas porque nos siguen matando, es necesario elaborar presupuestos para las áreas que trabajan y que también haya una coordinación real entre el sistema judicial, fuerzas de seguridad y las diversas áreas intervinientes. Como ocurrió aquel 3 de junio en 2015, se seguirá pidiendo por justicia y que dejen de morir personas a causa de la violencia de género. Por Úrsula y por todes.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.