Este 28 de mayo habrá «pañuelazos» en distintos puntos del país y se presentará un nuevo proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, se realizará por octava vez la presentación del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Después del avance que se alcanzó en el 2018, en el cual se llegó a una instancia superior en la que se trató, debatió y se votó en la Cámara de Diputados y obtuvo la media sanción, luego su tratamiento en el Senado no alcanzó quórum para que el aborto deje de ser clandestino en nuestro país.
A pesar de este desenlace, en las calles y en la sociedad hubo avances, se logró que el aborto deje de ser un tema tabú y comience a ser uno del cual sí se puede dialogar e informar. Miles de adolescentes y personas de distintas generaciones militan con sus pañuelos por el pedido para que el Estado garantice, otorgue el derecho y amplíe el acceso a la salud para toda la población, y así evitar muertes causadas por el aborto clandestino.
Lamentablemente, durante este tiempo no todo fue fructífero. Un derecho que ya fue conquistado en gran parte del país (aunque provincias como Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán se oponen) continúa negado, como es el Protocolo ILE, que permite el acceso legal al aborto en caso de riesgo para la vida de la persona gestante, si representa un riesgo para el bienestar físico, emocional y social de la persona gestante y si es producto de una violación.
Recordemos casos como el de Lucía, una niña tucumana de once años que fue violada y quedó embarazada, se le negó este derecho, imposibilitado y ocultado por personas responsables de su salud, hasta que tuvo resonancia en los medios de comunicación. Abogados, médicos y la familia lograron que el protocolo se cumpliera. Casos como el de Lucía se repiten en distintas provincias y es parte de la lucha feminista que esto no continúe ocurriendo.
Modificaciones al proyecto
Se realizaron variaciones en lo que fue el proyecto original, que alcanzó debate parlamentario. A diferencia del anterior, se rechaza la objeción de consciencia al considerar que es una negación a una práctica de salud en base a creencias religiosas y morales.
Si la persona que quiere abortar tiene menos de 13 años, se requerirá su consentimiento informado con asistencia de, al menos, uno de sus progenitores o representantes legales. A partir de los 16 años se considera que tiene «plena capacidad» para ejercer los derechos previstos en la ley.
Pasadas las 14 semanas se mantiene el derecho a hacerlo si el embarazo fuera producto de una violación, con el solo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el/la profesional o personal de salud interviniente, y si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la mujer o persona gestante.
Se despenaliza a los médicos que realicen abortos con consentimiento.
El Estado debe garantizar «asesorías» para las mujeres y otras identidades con capacidad de gestar, «sin distinción de nacionalidad, origen, condición de tránsito y/o status de residencia/ciudadanía», además de brindar información, acompañamiento y métodos anticonceptivos que deben ser brindados por el Plan Médico obligatorio.
Fue eliminada la causal de aborto por «malformación fetal», a raíz de los cuestionamientos de organizaciones que trabajan sobre derechos de las personas con discapacidad.
Otra de las novedades en el proyecto es que se castigue a la autoridad de un establecimiento de salud, profesional o personal de salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados. La pena indicada es prisión de tres meses a un año y se eleva a de uno a tres años si se genera perjuicio de la salud de la mujer y a cinco años si le causa la muerte.
El contexto de este año electoral no garantiza que el proyecto sea tratado en el Congreso pero esto no empaña la marcha que se vivirá en nuestro país y en el mundo. El aborto es un pedido de urgencia, un grito desesperado con el que las personas gestantes reclamamos por el derecho a decidir por nuestros cuerpos, para evitar muertes que son evitables para poder acceder a una interrupción voluntaria en forma segura sin poner en riesgo nuestra vida, ya que las personas que disponen de dinero acceden al mismo pero no quienes no tienen los medios y mueren.
Una vez más marchamos al Congreso, porque no callamos y no nos van a callar. Mientras la vida de las personas siga en riesgo, seguiremos reclamando, luchando y mostrando con orgullo nuestro pañuelo verde, pidiendo «Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir».
Actividades
Se realizan convocatorias en diversas plazas del país, en Capital Federal la reunión central será en el Congreso. Talleres: Carpa 1 Dora Coledesky a las 15:30 horas «El derecho al aborto voluntario, ¿de quién es? Mujeres y personas con capacidad de gestar». 16:30 horas «El aborto como derecho. El proyecto de IVE y los cambios en el código penal». Carpa 2 Ana María Acevedo 15:30 horas «De la clandestinidad al hospital público. Una mirada desde los sectores populares». 16:30 horas «Las niñas y adolescentes también abortamos. El acceso al derecho desde la niñez». Carpa 3 Lohana Berkins 15:30 horas «Discapacidad y aborto: un debate sobre la autonomía». 16:30 horas «Mitos y verdades sobre el aborto: una mirada desde la Educación Sexual Integral». A las 17:30 horas se realizará «Pañuelazo» federal y mundial y conferencia de prensa en el anexo C del Congreso de la Nación y a las 18:30 horas se realizará un festival alrededor del Congreso de la Nación.
