Este lunes el Gobierno Nacional oficializó, mediante el Decreto 117/2024, la intervención de los medios públicos por el plazo de un año. La medida va en línea con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que emitió Javier Milei apenas asumida la Presidencia.
Publicado en el Boletín Oficial, la actual administración designó a sus nuevos titulares, ambos abogados: Diego Martín Chaher y Diego Sebastián Marías, este último fue legislador en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) por el PRO, integrante del Consejo de la Magistratura y es nuevo interventor adjunto. El primero, por casi 20 años perteneció al Grupo América y será el principal responsable en la gestión de la agencia nacional de noticias Télam, la Radio y Televisión Argentina (RTA), la plataforma de contenidos educativos Educ.Ar y Contenidos Públicos.
Además, la intervención de los medios públicos podrá extenderse con una prórroga única por aprobación de la Jefatura de Gabinete de Ministros. «Tuvo en consideración que, a los fines de una mayor eficiencia en el funcionamiento del sector público, resulta necesario efectuar una profunda reorganización de las empresas públicas», argumentó el Gobierno.
Al respecto de las funciones de la intervención, «tendrán las facultades que los respectivos estatutos de las empresas intervenidas confieren al Directorio y a su presidente», quienes «deberán elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción para las sociedades, el cual deberá ser puesto a consideración del Poder Ejecutivo», es decir, del propio Presidente de la Nación. Los interventores tendrán la potestad de «modificar el Reglamento de Contrataciones de obras, bienes y servicios del organismo», «evaluar, modificar el Estatuto para el Personal del organismo y aprobar uno nuevo», «ampliar o reducir las partidas presupuestarias o aprobar uno nuevo».
Por otra parte, podrán «modificar la estructura orgánica y funcional, los organigramas correspondientes y los Regímenes Profesionales del Personal contratado, de planta permanente», «designar y remover a funcionarios y personal de cada una de las sociedades mencionadas», como así también «revisar la administración de compras y contrataciones» y «disponer una auditoría integral sobre el estado de las instalaciones, bienes que se recepcionan y estado de los mismos».
Finalmente, el decreto le permite a Nicolás Posse, jefe de Gabinete, realizar «los ajustes necesarios en el Presupuesto de la Administración Pública Nacional a efectos de atender los requerimientos que surjan como consecuencia del presente acto».
