Tras el escándalo suscitado por las declaraciones del titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, en las que relativizó lo sucedido durante la dictadura cívico militar, la diputada nacional del Frente para la Victoria, Nilda Garré, presentó un proyecto de ley para impulsar modificaciones al Código Penal por el que se penará a quienes nieguen, justifiquen o relativicen públicamente los crímenes de lesa humanidad. Quienes así lo hagan serán sancionados con hasta dos años de cárcel.
El texto del proyecto sancionatorio del negacionismo señala que «será reprimido con prisión de seis meses a dos años y con multa de 10.000 a 200.000 pesos quien públicamente negara, minimizara, justificara y/o aprobara cualquier forma de genocidio o crímenes contra la humanidad». Asimismo, si quien emite esas expresiones es funcionario público las penas se agravarán y podrán llegar hasta los cuatro años de cárcel.
Por otra parte, además de las penas de cárcel la iniciativa establece que los fondos recaudados por las multas que se impongan se destinarán a instituciones sin fines de lucro dedicadas a la investigación y lucha contra el genocidio y crímenes contra la humanidad. Garré, exministra de Defensa, fundamentó el proyecto al sostener que algunos integrantes del Gobierno negaron en los últimos meses «el alcance del terrorismo de Estado».
Negación a la historia
«En el último tiempo diversos funcionarios del Gobierno han negado el alcance del terrorismo de Estado y el daño que el mismo ha ocasionado en las víctimas. Estos dichos no solo hieren susceptibilidades de personas que han padecido las consecuencias del plan sistemático de terror o de personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos, sino que significan una clara negación de nuestra historia reciente y atentan contra lo dictaminado por la justicia argentina», remarcó.
Cabe recordar que en un programa televisivo, Gómez Centurión afirmó que durante el último gobierno militar (entre 1976 y 1983) «no hubo un plan sistemático para hacer desaparecer» personas. También manifestó que se produjo un «torpísimo golpe de Estado» y relativizó el número de desaparecidos al señalar que «no es lo mismo ocho mil verdades que 22 mil mentiras». Sus palabras fueron repudiadas y rechazadas por los partidos políticos de la oposición y referentes de los organismos de Derechos Humanos. Ante los pedidos de remoción del funcionario, el Poder Ejecutivo se despegó de la postura de Gómez Centurión y señaló que esa no era esa la que sostenía. Sin embargo, no fue desplazado quien mediante un comunicado pidió disculpas pero sin retractarse de sus dichos.
Referencia europea
El proyecto contempla una reforma del Código Penal para incorporar «un nuevo tipo penal» que sanciona con prisión y multas a quien negara crímenes contra la humanidad, imponiendo la reclusión de uno a cuatro años cuando quien formule esas declaraciones sea funcionario público e incluirá, en ese caso, la pena de inhabilitación por el doble de tiempo de la condena.
Cabe destacar que la figura de apología del delito ya se encuentra en el Código Penal, y Garré entiende que esas manifestaciones «revisten un carácter más gravoso». Entre los argumentos para introducir este agravamiento la legisladora mencionó los casos de normas sancionadas en Bélgica, República Checa, Francia, Grecia, Hungría y Alemania, entre otros países.
En ese sentido, precisó la experiencia internacional al respecto en la legislación de esos países que castigan y penan la promoción y negación de los genocidios y crímenes contra la humanidad, en especial el Holocausto del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, en Austria la denominada ley «Verbotsgesetz», sancionada en 1947 y ampliada y modificada en 1992, indica: «Quien en forma impresa, en otros medios de comunicación, o de otra forma que hiciera accesible a mucha gente, negara, menospreciara, condonara, o tratara de justificar el genocidio nazi u otros crímenes nazis contra la humanidad será castigado con 1 a 10 años de prisión».
