Uno de los métodos de control usados por el Estado mexicano como forma de autoritarismo y represión a movimientos estudiantiles de distinta índole fue la infiltración de agentes en escuelas y organizaciones estudiantiles que no respondían a los intereses gubernamentales o que tenían ideologías de izquierda -con mayor notoriedad las comunistas-. Asimismo, crearon y patrocinaron grupos de choque paramilitar que fueron denominados «porros» debido a que tanto en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) como en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se formaron a partir de ciertos integrantes de porristas de los equipos de fútbol americano universitario reclutados como golpeadores que hostigaban, perseguían y reprimían a estudiantes y organizaciones opositoras al Estado mexicano, como así lo describe el Informe Histórico presentado a la sociedad mexicana: Fiscalía especial FEMOSPP.
Infiltrados
La infiltración de personas al interior de las agrupaciones opositoras tenía como objetivo, además de la obtención de información de inteligencia, el sabotaje a la organización de actividades públicas como marchas y motines, en los cuales actuaban de manera extremista para generar en la opinión pública la imagen que los estudiantes organizados eran violentos, o bien suscitar una excusa para que la policía o el ejército actuaran en contra de ellos.
Este mismo modus operandi fue utilizado aquel 22 y 23 de julio de 1968 para trastornar el ambiente y se repitió el 3 de septiembre del 2018 cuando estudiantes de bachilleratos y licenciaturas de la UNAM convocaron a una marcha pacífica para exigir mejoras en la educación y seguridad en los planteles.
Bajo un pliego petitorio, los estudiantes de la CCH Azcapotzalco exigían esclarecimiento del presupuesto escolar, asignación de profesores y horarios y la presencia de la directora Guadalupe Márquez para llegar a acuerdos en la asamblea. Sin embargo esta no se presentó, lo que desencadenó la renuncia de la misma y una marcha en la rectoría de la UNAM.
Como si fuera poco, además de la denuncia de las agresiones a los estudiantes por parte de grupos porriles, se unió la exigencia del esclarecimiento del feminicidio perpetrado en contra de Miranda Mendoza, estudiante del CCH Oriente, que fue asesinada y calcinada, y cuyos restos fueron hallados en el municipio de Cocotitlán, Estado de México.
La problemática radica en que estos grupos son financiados por las autoridades de los distintos planteles y son utilizados para controlar y vigilar. Mediante la violencia amedrentan y generan caos. Se podría decir que son un tipo de paramilitares usados para controlar las universidades y causar miedo en la comunidad. La respuesta de los estudiantes fue convocar un paro docente y estudiantil y exigir a las autoridades la eliminación de estos grupos que enferman la casa máxima de estudios en México: la UNAM.
