El Gobierno Nacional envió a tratamiento un proyecto para regularizar la tenencia de armas de fuego, que actualmente se encuentra en comisiones en la Cámara de Diputados. La iniciativa había sido anticipada por Javier Milei en su campaña electoral.
Las estadísticas en nuestro país son contundentes y hablan por sí mismas: 3 de 4 homicidios dolosos registrados ocurrieron sin que existiera otro delito, y casi 50% de las muertes con armas de fuego son por conflictos interpersonales entre familiares, vecinos o femicidios, la misma cantidad se no por agresiones sino accidentes y suicidios y no llega al 10% la cantidad de casos en los que fue en defensa propia, según comparte la Red Argentina para el Desarme (RAD). «Existen múltiples estudios que demuestran que el fácil acceso a armas de fuego, contribuye a aumentar las tasas de homicidios», concluyen desde la entidad.
El proyecto de ley resulta «peligroso» para el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), porque «incorpora un procedimiento de regularización para quienes tengan armas de fuego en forma ilegal, quienes tendrán 360 días (prorrogables por igual plazo) para presentarse ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y solicitar una autorización y, mientras dure el trámite, conservarían el arma de fuego en su poder. Quienes se acojan al plan, ya sean personas humanas o empresas, no podrán ser perseguidas penalmente por la tenencia ilegal previa». Por otra parte, «en caso de rechazo, el solicitante puede transferir el arma a un usuario autorizado, en vez de establecer la destrucción del arma».
Asimismo, desde INECIP aseguran mediante un comunicado que «desde hace años denunciamos la falta de control del Estado, que se traduce en una enorme cantidad de armas de fuego y usuarios en situación ilegal. Sin embargo, la ‘regularización’, lejos de ser una solución, puede profundizar el problema si no se realiza como último recurso en el marco de un plan integral de reducción del circulante de armas de fuego y de control efectivo sobre las que permanezcan en circulación».
Además, el proyecto le brindaría al sector privado la oportunidad de armar a sus trabajadores, «incluso, habilitaría a empresas de seguridad o armerías», y «no se solicita información sobre el origen del arma, perdiendo la oportunidad de generar información criminal sobre el mercado ilegal de armas de fuego». Finalmente, alertan que, con esta iniciativa, el Gobierno Nacional «no fortalece la política criminal y de persecución penal del mercado ilegal de armas: el Congreso podría crear una Procuraduría Especializada en Armas de Fuego (PROCUARM), potenciando las capacidades de la actual Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal de la Nación para llevar adelante una política de persecución penal del mercado ilegal de armas».
