Diego Morales, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), alerta sobre los riesgos del nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) migratorio y su impacto en comunidades vulnerables.
En los últimos días, el Gobierno argentino anunció su intención de modificar la Ley de Migraciones mediante DNU, sin pasar por el Congreso. La medida generó preocupación en organizaciones sociales, especialistas en derechos humanos y la comunidad migrante. Uno de ellos es Diego Morales, abogado y director de litigio del CELS, quien en entrevista con Clínica Migrante analizó los posibles impactos de esta reforma.
«Este anuncio genera mucha incertidumbre. Lo preocupante es que no se trata de un proyecto de ley discutido democráticamente, sino de una decisión del Poder Ejecutivo por decreto», señaló Morales.
Un retroceso en derechos adquiridos
Desde hace años, Argentina se posiciona como referente regional en el reconocimiento de derechos para las personas migrantes. La Ley de Migraciones (Ley 25.871), sancionada en 2003, fue celebrada por organismos internacionales por garantizar el acceso a derechos básicos, regularización migratoria y posibilidad de nacionalización sin discriminación.
Sin embargo, según explicó Morales, la nueva propuesta busca restringir estos derechos. Aunque aún no se publicó el texto completo del DNU, se conocen algunos de sus posibles ejes: mayores trabas para la regularización, expulsión de personas con antecedentes penales o ingreso irregular, y una propuesta llamativa: facilitar la ciudadanía a quienes demuestren capacidad de inversión económica en el país. «Es una reforma que promueve un régimen de excepción. Plantea que conseguir papeles en Argentina es fácil, cuando sabemos que no lo es, y desconoce todo el proceso histórico y regional que dio lugar a la actual legislación», advirtió.
Estigmatización y uso engañoso de datos
Morales también cuestionó el discurso oficial que vincula migración con criminalidad. «Es una receta vieja que ya se aplicó en gobiernos anteriores: instalar que las personas migrantes cometen más delitos como excusa para restringir derechos», expresó. En ese sentido, recordó el antecedente del DNU 70/2017 durante el gobierno de Mauricio Macri, que fue declarado inconstitucional por la Justicia tras la movilización de las comunidades migrantes.
Además, alertó sobre el uso distorsionado de estadísticas por parte del Gobierno: «Se difunden cifras de personas condenadas o detenidas sin aclarar el tipo de delito, el contexto o la proporción real. Se construyen relatos alarmistas que no se corresponden con la realidad», explicó.
Impacto diferencial: migrantes trans, indígenas y precarizados
El abogado también hizo hincapié en los efectos específicos que este tipo de políticas pueden tener sobre poblaciones históricamente vulneradas como la comunidad trans migrante o los pueblos originarios. «Muchas veces el plan de vida de estas personas está vinculado con la calle como espacio de subsistencia, lo que genera mayor exposición a situaciones de criminalización por parte de las fuerzas de seguridad», sostuvo.
«Esto pone en riesgo la posibilidad de regularizarse, de obtener papeles, de defenderse ante el sistema judicial. Se trata de proyectos de vida constantemente interrumpidos», agregó.
La organización como respuesta
Ante este escenario, Morales remarcó la importancia de estar informados y organizados. «Difundir estas reformas, explicarlas y cuestionarlas es clave. La vez pasada se logró frenar un decreto similar gracias a la movilización de las organizaciones migrantes», recordó.
Finalmente, llamó a construir estrategias creativas y colectivas frente a una posible criminalización de la protesta. «Si protestar es considerado un delito, habrá que pensar campañas más ingeniosas. Pero no podemos quedarnos quietos», concluyó.
