Durante la semana pasada se aprobaron tres proyectos de ley en la Cámara Baja del Parlamento ruso, los cuales atentan contra las personas que apoyaron o integraron organizaciones de la sociedad civil y religiosa que posteriormente fueron declaradas “terroristas” o “extremistas” para el gobierno.

Dicha propuesta pretende limitar las libertades y derechos en el país, prohibiéndoles a estas personas participar en la vida pública, por ser considerados “indeseables”.

Este proyecto de ley responde a la intención de sancionar y proscribir a quienes manifiesten una crítica hacia el gobierno y se organicen con el objeto de propiciar un cambio en la sociedad o, como mínimo, un espacio de expresión. De este modo, quienes funden, dirijan, trabajen o participen en las actividades de una organización que posteriormente sea calificada de “extremista” o “terrorista” y sea consiguientemente prohibida no podrán concurrir a las elecciones a la Cámara Baja del Parlamento durante un periodo de entre tres y cinco años tras la entrada en vigor de la prohibición de la organización.

Un claro ejemplo de alcance que podría tener esta ley es la Fundación Anticorrupción de Aleksei Navalny, declarada como “agente extranjero”, lucha ahora contra el intento de las autoridades de calificarla de “organización extremista”. Esta ley podría afectar hasta 200.000 personas que contribuyeron a sus iniciativas de financiación colectiva. Aunque la organización de Navalny es, sin duda, el objetivo principal, también afectará a otros muchos grupos civiles y religiosos que son o podrían ser víctimas de ella en aplicación de las poco precisas leyes rusas “anti extremistas” y “antiterroristas”.

Para finalizar, Natalia Zviagina, directora de la Oficina de Amnistía Internacional en Moscú, sostuvo: “Esto no es más que un intento desesperado de aniquilar todo rastro de disidencia visible. Las autoridades están dispuestas a castigar a una parte significativa de la población por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de asociación reduciendo aún más sus vías para participar efectivamente en la vida pública”.