Este viernes, el Gobierno Nacional confirmó el protocolo antipiquetes presentado el jueves por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Mediante la Resolución 943/2023, la medida criminaliza las protestas con obstrucción del tránsito y tiene como objetivo, según la titular de la cartera, «evitar los cortes de la circulación de vehículos en la vía pública por piquetes y manifestaciones callejeras, resguardando derechos protegidos por las normas constitucionales, al habilitar que las expresiones de protestas se realicen sobre las veredas». De esta manera, habilita la intervención de fuerzas de seguridad «frente a impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación». Todo sin orden judicial alguna y dependiente de la «proporción a la resistencia opuesta por manifestantes o sus apoyos», con permiso de utilización de armas no letales.
Asimismo, pretende conformar un «marco de certidumbre para su actuación, sin perjuicio de las decisiones de las autoridades judiciales o del Ministerio Público Fiscal», debido a la «confusión introducida por una actitud pasiva sostenida durante mucho tiempo por las autoridades frente al desorden en la vía pública», expresó Bullrich. «La recurrencia, intensidad, extensión y frecuencia de la interrupción del tránsito en rutas, autopistas y otras vías transitables ha derivado en una situación insoportable para la población que sufre esos actos ilícitos, en desmedro de su trabajo y de su calidad de vida», continuó.
Cuestionada por diversos organismos, la iniciativa identificará a «los autores, partícipes, cómplices o instigadores que participen de marchas y piquetes» a través de «filmaciones y otros medios digitales o manuales, con registro prioritario de los datos de sus líderes y organización con la cual se vinculan, sin perjuicio de proceder a su detención, cuando así corresponda legalmente» y se creará un registro de agrupaciones convocantes. En caso de que se tratase de personas extranjeras, están serán notificadas a Migraciones y se estudiará su deportación.
Finalmente, el protocolo establece la demanda judicial para todos estos casos y afirma que se enviarán las facturas correspondientes por el costo del operativo y «las entidades perjudicadas podrán iniciar acciones de resarcimiento por los daños y perjuicios que hubieren sido ocasionados contra el patrimonio público y las personas».
