¿Qué tienen en común los sistemas carcelarios de Perú, Argentina y Colombia? Nos gustaría decir que sistemas sanitarios cuidados o talleres de reconciliación para los reclusos, pero no. Los tres países se caracterizan por un deficiente sistema judicial, cárceles desbordadas y políticas que hacen cada vez más visible el miedo de los presos por morir por COVID-19.

Desde la declaración de la pandemia, se presentaron disturbios en las cárceles, que comenzó en Colombia y se replicó en Perú y Argentina. Los reclusos piden medidas para mejorar las condiciones de salud y hacinamiento que hoy provocan temer lo peor tras las rejas.

El 22 de marzo brotó la semilla del miedo sembrada por el COVID-19, los presos se amotinaron para visibilizar su miedo y hoy es justificado. Familiares de los reclusos en las afueras de las cárceles fueron reprimidos con la información dirigida hacia la confusión de una fuga masiva en todas las cárceles colombianas. No se esclareció el motivo de las 23 muertes durante el motín. 18 días después, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) colombiano confirmó la muerte del primer preso por coronavirus en una cárcel en Villavicencio (Meta). Se trata de una persona de 63 años, según confirmó la entidad, cuya muerte habría ocurrido el pasado 7 de abril, razón por la cual se inició el protocolo de emergencia en salud en el centro de reclusión de esa ciudad. Luego de una huelga de hambre y varias asambleas, el Movimiento Nacional Carcelario tomó la decisión de apoyar a los reclusos para no entrar a sus celdas y hacer una vigilia 24 horas para informar lo que pasaba dentro de las cárceles, Hoy no se llega a una solución y el miedo de familiares y reos continúa.

La semana del 27 de abril un violento motín en una cárcel de Lima, Perú, por temor al coronavirus dejó nueve reclusos muertos, tal como informó la policía local. La revuelta se había originado el día anterior, cuando se conoció la muerte de dos reclusos infectados por el virus. El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Gerson Villar, confirmó la muerte de los dos internos por COVID-19 y aseguró que el reclamo giraba en torno a los indultos ofrecidos por el gobierno por la pandemia y la falta de medicamentos. Buscando una solución, desde el Estado peruano se anunció que liberará a unos 3.000 presos en situación vulnerable por el coronavirus. Sin embargo, la cárcel Castro Castro ubicada en la capital limeña alberga a 5.500 internos, aunque tiene capacidad para 1.140. Los disturbios y el miedo se extendieron a otras cárceles del país que presentan condiciones parecidas o peores a la de Castro Castro.

Argentina no corre con mejor suerte. El sistema penitenciario mostró su deficiencia y la cárcel de Devoto hizo parte de la revuelta que visibiliza la condición deplorable de abandono y reclusión de los reos. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “el Servicio Penitenciario Federal está ocupado en más del 110%. En el SP Bonaerense, la ocupación es del doble de su capacidad. A eso debe sumarse el desborde en las comisarías de Buenos Aires, donde más de 4.000 personas están detenidas por tiempos prolongados en condiciones de hacinamiento extremo”. No existe, según la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), un peor lugar para transitar una pandemia que la cárcel, nos comenta Carla Martilotta, periodista que investiga la situación y nos brinda un panorama de lo ocurrido con las familias de los reclusos fuera del penal y cómo avanzan las negociaciones para llegar a una solución pronta al hacinamiento.

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