En el marco del juicio por la Tragedia de Once ocurrida en 2012, el fiscal Fernando Arrigo pidió las penas para los diferentes imputados en la causa. Los acusados son los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, los empresarios del grupo Cirigliano y el maquinista, Marcos Córdoba, entre otros.

A los responsables del área las penas solicitadas por la Fiscalía fueron de 11 años de prisión para Jaime y 10 años con 10 meses de cárcel para su sucesor Schiavi. Por su parte, para los hermanos Cirigliano fue de 10 años, mientras que Córdoba recibió un pedido de 3 años y 8 meses de prisión.

En el caso de Schiavi y Jaime el pedido fue por ser responsables de «estrago culposo agravado por lesiones y muerte» y «defraudación a la administración pública por administración fraudulenta». Además, Arrigo señaló que «la actividad de los funcionarios públicos en general debe ser examinada con mayor rigurosidad por cuanto todo desvío o abuso funcional resulta un quebrantamiento a la confianza pública que toda actividad estatal debe merecer». Para los exfuncionarios de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sicaro, el fiscal solicitó diez años y seis meses y diez años de prisión, respectivamente. Por su parte, los procesados que cumplían funciones en el directorio de la empresa concesionaria TBA y de la firma controlante Cometrans recibieron pedidos de entre nueve años y diez años y seis meses de prisión.

En lo que hace al maquinista, el fiscal lo consideró responsable de «estrago culposo» y requirió que sea inhabilitado por 8 años para desempeñarse como motorman, además de la pena de prisión pedida.

Para los directivos de TBA, Sergio y Mario Cirigliano, propietarios de la exconcesionaria de la línea Sarmiento, Arrigo solicitó condenas de 10 años y 11 meses y 10 años y 6 meses, respectivamente, por los delitos de defraudación contra la administración pública, administración fraudulenta y estrago culposo agravado.

En su alegato, que se extendió durante cinco audiencias, el fiscal señaló que la falta de mantenimiento fue la causa de la tragedia y que de haberse realizado las tareas correspondientes «no se hubieran producido las consecuencias» que tuvo el choque de trenes. «Este no fue un hecho aislado», precisó Arrigo, y mencionó todas las fallas en el mantenimiento, reparación y renovación de los vagones que el día de la tragedia conformaron el tren chapa 16. «Ese día hubo retrasos por falta de trenes» y remarcó que el maquinista que entregó esa mañana el tren a Marcos Córdoba, Leonardo Andrada, declaró en la causa que el Chapa 16 estaba «abarrotado de pasajeros».

«Ese día -expresó el fiscal- habían transcurrido 18 minutos sin trenes desde la estación Moreno» antes de la partida del Chapa 16. «Se condicionó negativamente la seguridad del pasajero con los incumplimientos del horario, la falta de mantenimiento de los trenes, todos estos factores estuvieron presentes y provocaron la tragedia», consideró la fiscalía. También indicó que el Chapa 16 «no había cumplido planes de mantenimiento, solo de limpieza y se comprobó la canibalización de formaciones similares para quitar repuestos faltantes por inexistencia de stock».

El fiscal también acusó a la empresa TBA, exconcesionaria del servicio, de autorizar «la puesta en circulación el 22 de febrero de 2012 a la formación en condiciones deficientes, con un compresor que no funcionaba, pérdida excesiva de aire en el sistema de freno, gran cantidad de óxido y falta de reparaciones generales». El tren «tenía más de 22.000 kilos de carga contra los 18.000 admitidos y esto fue consecuencia de las demoras por falta de formaciones», manifestó.

Por otra parte, también criticó la rutina de «asignar horarios pico a conductores de menor edad y experiencia, medida del sindicato», al «incumplimiento en la programación de ciclos de mantenimiento de material rodante, a la falta de organización y falta de formaciones disponibles seguras y mantenidas». Así, «esa fatídica mañana el sistema de freno del Chapa 16 se alejada de la integridad, de ocho vehículos de la formación solo seis tenían compresores en condiciones operativas», argumentó el fiscal en base a algunas de las pericias.

Sin embargo, respecto del maquinista, el fiscal indicó que debía tenerse su nivel de educación y su «situación socioenonómica» que derivaba en una «reducción de su capacidad de autodeterminación y así la aceptación del modo de trabajo» al que lo sometía la empresa.

Los jueces Jorge Tassara, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu escucharon los pedidos de pena hechos por las cuatro querellas que actúan en la causa. Para Jaime, Schiavi, los exresponsables de la Comisión Nacional de Regulación Automotor (Antonio Sicaro y Pedro Ochoa Romero) y el empresario Sergio Claudio Cirigliano se pidieron penas de hasta 18 años de prisión, en tanto que una querella reclamó 22 años para el maquinista Córdoba, entre otros acusados. El juicio se reanudará el lunes 5 de octubre donde expondrán sus alegatos los abogados defensores de los acusados.