Colombia enfrenta una situación grave de violencia que devora sistemáticamente los sueños de un territorio en paz. Tras la denuncia de Naciones Unidas y las estadísticas ofrecidas de víctimas en el territorio, parece recrudecer el conflicto en zonas alejadas donde los medios de comunicación no llegan y los pobladores callan por miedo a las represalias.
En la madrugada de este domingo, una misión médica enviada en un vehiculo particular que movilizaba a una paciente de 28 años con anemia, fue baleado e incinerado en una ruta en el departamento de Nariño. En el ataque murió la paciente y uno de sus acompañantes quemados dentro del automóvil. Otras dos personas sobrevivieron pero se encuentran en estado crítico debido a la crueldad del ataque.
El general Adolfo León, comandante de la Fuerza Tarea Hércules, aseguró en un informe a medios de comunicación que no se conoce la identidad de los autores materiales del hecho. Por su parte, en un comunicado a la opinión pública, las FARC-EP del Frente Oliver Sinisterra saludan al pueblo y confirman su descontento con el gobierno y su accionar. Afirman que desde la firma de los acuerdos de La Habana no cesa el asesinato y atropello de excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), líderes sociales y pueblo en general. También anuncian su decisión de retomar las armas y recomiendan a la población hacer caso a las reglas que ellos determinaron para la convivencia en el territorio. A partir del 3 de abril se dio comienzo a un toque de queda que comienza a las 20 horas y termina a las 6 de la mañana en las vías públicas y las carreteras del departamento de Nariño, más exactamente en Tumaco.
La cadena de asesinatos a líderes sociales no se detiene
Hamilton Gasca, líder social y sus dos hijos, no vieron el amanecer del 4 de abril. En Piamonte Cauca fueron asesinados frente al resto de su familia. Encapuchados entraron a su vivienda y arremetieron contra toda la familia. Su esposa y uno de sus hijos sobrevivieron al feroz ataque.
24 horas antes había sido asesinado en Ataco Tolima el excombatiente y firmante de paz Carlos Alberto Castillo. Según la fundación Ideas para la paz, en el periodo comprendido entre el 1° de febrero al 3 de abril fueron asesinados 71 líderes sociales y defensores de derechos humanos. La cifra de víctimas mortales identificados como excombatientes asciende a 21, todos ellos se habían acogido al acuerdo de paz firmado durante la presidencia de Juan Manuel Santos.
Mientras, la población se encuentra confundida por no saber de dónde vienen los ataques, contra quiénes son y de quién se defienden. Los números de víctimas presentan diferencias considerables y notables entre las dadas por el gobierno, la fiscalía de la Nación y los reportes que maneja Naciones Unidas del territorio colombiano. Esta situación quedó en evidencia en la sesión virtual de la Comisión de la Paz del Senado el 2 de abril. Alicia Arango, ministra de Interior y de Justiciam aseguró que las cifras son menores a las registradas en el informe de la ONU y para la vicefiscal general, Marta Mancera, las cifras dadas por el gobierno son menores a las registradas desde la Fiscalía General de la Nación. Parece una confusión que no solo genera duda, también temor ante un gobierno que mete a sus víctimas bajo la alfombra.
