En relación al tema de la quita de pensiones para las personas con capacidades diferentes que detallé en mi reciente artículo, desde el Frente Renovador la diputada Mirtha Tundis sostuvo que «ya no es novedad que el Gobierno le siga quitando los derechos a los que menos tienen» y remarcó que «aquellos que menos tienen y más necesitan siempre son los más perjudicados por la insensibilidad social del macrismo». Además, manifestó que «el Gobierno, al igual que hizo con el PAMI, se agarra de casos puntuales en los que hubo abusos, los cuales deben ser corregidos, para recortar gastos, quitar derechos y utilizar el presupuesto en publicidad. Estamos ante un conflicto social creciente del que el Gobierno no parece tomar nota», indicó su par Daniel Arroyo.
Por su parte, el dirigente del GEN, Juan Carlos Juárez, manifestó que «es incomprensible que el Gobierno Nacional busque reducir el déficit fiscal ajustando a los sectores más vulnerables de la sociedad» y añadió que «la decisión del Gobierno de Mauricio Macri atenta contra un derecho humano esencial como lo es el de la igualdad de oportunidades para que las personas con alguna discapacidad puedan desarrollarse normalmente dentro de la sociedad».
En relación a este tema, el Defensor del Pueblo, Alejandro Amor, indicó en un comunicado que pedirá a la ministra Carolina Stanley que revise todas las pensiones caso por caso, y que se rehabiliten las pensiones suspendidas y se cree una comisión de revisión de pensiones, conformada por la Defensoría del Pueblo y los organismos encargados de los temas de discapacidad. Además, solicitará perentoriamente que se cumpla con un plazo de notificación fehaciente para que las personas afectadas puedan cumplir con el derecho a la defensa.
«Interpretación exagerada del Ministerio»
En una acción más ofensiva, la senadora del PJ-FpV María de los Ángeles Sacnun y su colega del GEN, Jaime Linares, presentaron dos proyectos para derogar el decreto de 1997 usado por el Gobierno para dar de baja las pensiones por discapacidad. La inicativa de Sacnun apunta a la «derogación de los incisos F y H del Anexo I, artículo 1° del decreto 432/1997, que fueron aplicados por el Ministerio de Desarrollo Social para dar de baja pensiones por discapacidad». El inciso F establece que para acceder a la pensión, ni la persona que la solicita ni su cónyuge pueden estar amparados «por un régimen de previsión, retiro o prestación no contributiva», mientras que el H indica que tampoco puede «poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia».
La legisladora señaló: «Busco que una ley del Congreso derogue un decreto reglamentario a los fines de evitar recursos administrativos y acciones judiciales que relenticen el otorgamiento de los derechos». Sacnun añadió que «en los últimos meses ha sido alarmante la cantidad de argentinos que cobraban pensiones no contributivas cuyos beneficios han sido dados de baja debido a una interpretación exagerada del Ministerio de Desarrollo Social. Esta decisión del Gobierno Nacional tiene una incidencia altamente negativa en la población, no solo porque se le quitan ingresos genuinos que poseían, sino porque también se les impide la posibilidad de contar con la afiliación ante el PAMI».
Vinculados a la pobreza y la indigencia
El proyecto plantea que «el Poder Ejecutivo deberá ajustar el dictado de la normativa para la tramitación de pensiones no contributivas a las normas establecidas en la Convención de los Personas con Discapacidad y en la Convención Interamericana sobre los Derechos de Adultos Mayores». El proyecto de Linares solicita al Poder Ejecutivo que derogue el Decreto 432/97 «por el cual se establecen condiciones de indigencia como requisito a ser beneficiario de las pensiones por invalidez, contradiciendo lo establecido en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley 26.378».
En relacion a este punto, «sostenemos que posicionar a las personas con discapacidad como objetos de asistencialismo (vinculado a la pobreza y a la indigencia) y no como sujetos de derechos, tal como lo define el Decreto 432/97, es violatorio de nuestra legislación y debe ser revertido inmediatamente derogando el mismo», manifestó el senador.
Los cuestionamientos no vinieron solo del arco político. El jefe de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (Ufises), Gabriel de Vedia, señaló que la decisión oficial «no es legal».
Vulnerabilidad estructural
«Estamos hablando de personas que están en una condición de vulnerabilidad estructural. El término estructural es importante tenerlo en cuenta porque no es solamente vulnerabilidad, es muy difícil escapar de una situación de desprotección social, de un aislamiento que prácticamente los excluye del beneficio de bienes que gran parte de la población tiene», sostuvo de Vedia en declaraciones radiales. El especialista indicó que las pensiones se enmarcan «en el campo de los derechos sociales, culturales, económicos».
Finalmente, de Vedia detalló que «hay que verlo con una mirada de carácter progresivo: siempre hacia adelante y nunca hacia abajo», apuntó. «La pensión no contributiva corresponde a mujeres solteras con más de siete hijos, personas con una invalidez acreditada y personas que nunca habían hecho aportes y tienen más de 70 años. Muchas personas que estaban cobrando este beneficio, cuando fueron a cobrar a sus cajeros, no tenían la plata depositada. Les fueron dando de baja sin previo aviso, sin un mínimo respeto por el derecho de defensa», concluyó.
