Pensiones a la baja

Tras desempolvar un decreto de la época menemista, el 432 de 1997, el Gobieno Nacional dio de baja durante este año unas 70.000 pensiones por invalidez. Este beneficio está destinado a quienes tengan un 76% o más de incapacidad física o mental para trabajar.
«Las bajas tienen su causa exclusivamente en incompatibilidades e irregularidades detectadas en las revisiones periódicas que se realizan en forma habitual en cumplimiento de la legislación vigente y de los correspondientes decretos reglamentarios», informó la cartera de Desarrollo Social a cargo de Carolina Stanley. Según la administración macrista hay 7.000 titulares que estaban recibiendo ese beneficio y están fallecidos y 5.600 personas no acreditaban el grado de invalidez que menciona la norma.

«Las revisiones son obligatorias»

Además, la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA) del Ministerio de Desarrollo Social si bien confirmó esas bajas en pensiones señaló que «tienen su causa exclusivamente en incompatibilidades e irregularidades detectadas en las revisiones periódicas». Asimismo, ampliaron desde la dependencia que «en modo alguno la CNPA se encuentra realizando bajas de pensiones por cuestiones de razón económica. Las bajas efectuadas tienen su causa exclusivamente en incompatibilidades e irregularidades detectadas en las revisiones periódicas que se realizan en forma habitual en cumplimiento de la legislación vigente y de los correspondientes decretos reglamentarios. Las revisiones son una obligación de todos los gobiernos», detallaron a través de un comunicado. Eso motivó que «en 2015 fueron dadas de baja 168.500 pensiones mientras que en 2016 se dieron de baja 90.000 pensiones», mientras que «el padrón está abierto en forma permanente a la incorporación de nuevos pensionados que cumplan con los requisitos correspondientes».
Al respecto, el presidente de la Comisión, Guillermo Badino, señaló que «en el año 2003 había 180 mil pensiones otorgadas bajo estas condiciones, y entre 2003 y 2015 esa cifra se multiplicó por diez, se llevó a 1.800.000 pensiones, donde básicamente lo que hubo fue otorgar pensiones en locales partidarios». «Hoy hay municipios con el 38% del padrón electoral pensionado inválido, médicos en todos los municipios o en provincias vendiendo los certificados médicos y mintiendo sobre el porcentaje de discapacidad requerido. Lo que hacemos es seguir cumpliendo con lo que dice el decreto reglamentario, no hacemos nada extraordinario ni nuevo», remarcó Badino, quien rechazó que esta decisión se base en la necesidad de alcanzar el objetivo del 4,2% de déficit fiscal.

«No tenemos los teléfonos de todos»

Asimismo, Badino argumentó que «el Gobierno anterior multiplicó por 10 el padrón de discapacitados y madres de siete hijos. El manejo clientelar que hicieron de estas pensiones llevó a que haya poblaciones con más del 100% de discapacitados en intendencias del interior». Una de las cuestiones que se señaló sobre la baja de beneficios fue la falta de aviso. En relación a este tema, Badino admitió que no hubo previo aviso: «No tenemos los teléfonos de todos y no es efectiva la comunicación por carta», manifestó. Además, dijo que «hay demora de un año para adquirir un nuevo certificado de discapacidad» y atribuye esa demora a «la burocracia estatal».
«Dimos de baja pensiones a personas que no son inválidas totales y permanentes, sino que tienen cierto grado de discapacidad», sostuvo y ejemplificó: «Una persona con Síndrome de Down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la asignación universal por hijo».

Quiénes no deberían cobrar

Los criterios establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social para la quita de las pensiones por discapacidad son los siguientes: aquel discapacitado cuyo tutor responsable, cónyuge o cosanguíneo obligado perciba un ingreso equivalente a tres jubilaciones mínimas, es decir, de 19.200 pesos por mes. Esa suma se ajustará. Quienes tienen un bien a su nombre, como un auto. Independientemente que este sea indispensable para garantizar la movilidad del discapacitado. Aquella persona con discapacidad cuyo cónyuge cobre una pensión o jubilación, incluso la mínima de 6.377 pesos. Esto significa que si un discapacitado y su pareja tiene un ingreso por ese monto no caen en la pobreza, de acuerdo con la cartera social.
De todas formas, el Ministerio aclaró que si algún beneficiario «es dado de baja en forma errónea, las rehabilitaciones se realizan con pronto despacho y con acreditación retroactiva de los fondos» y precisó que las suspensiones «no suponen la quita de las prestaciones médicas del Programa Incluir Salud, las que se mantienen mientras el pensionado solicita la rehabilitación». Actualmente la pensión mínima por discapacidad es de 4.400 pesos pero la mayoría cobra 7.000.