El Gobierno logró pasar su primera prueba en el Congreso y la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.
Con el voto a favor de 134 diputados y la negativa de 110 legisladores, el proyecto pasó a la Cámara de Senadores y se espera una rápida sanción dada la mayoría oficialista en la cámara alta.
Para conseguir el respaldo de los diputados, el Gobierno sumó el apoyo de los de los interbloques Federal, de Eduardo «Bali» Bucca, y Unidad Federal para el Desarrollo, de José Luis Ramón. También se sumó el respaldo de Alma Sapag, del Movimiento Popular neuquino. En contra de la iniciativa se manifestaron los bloques de Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda, que tampoco colaboraron para llegar al quórum, que se obtuvo con el número mínimo necesario de diputados, de 129.
Si el Senado aprueba el proyecto, quedarán declaradas nueve tipos de emergencia como la económica, social, alimentaria y quedará suspendida por 180 días la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria.
La iniciativa en detalle
El proyecto «de solidaridad social y reactivación productiva», declara la emergencia pública en nueve áreas: económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Además, en lugar de los incrementos fijados por la ley de movilidad jubilatoria los incrementos serán otorgados por decreto de manera trimestral sin atarse a un procedimiento preestablecido de indexación.
Se prevé que se confeccione un nuevo método de actualización, en el marco de una comisión de la que participarán legisladores y expertos. El Interbloque Federal logró que se establezca que la nueva fórmula jubilatoria deberá ser sometida a votación del Congreso. Sin embargo, esta suspensión no se hará efectiva para los regímenes especiales que tienen los docentes, los docentes universitarios, los científicos y la prestación otorgada por la «Ley Brisa» para hijos de víctimas de femicidios. Tampoco serán objeto de esta medida las jubilaciones de los miembros del Servicio Exterior ni quienes están incluidos en la ley N° 24.018, es decir, Presidente y Vicepresidente de la Nación, jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, regímenes para magistrados y funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas.
A nivel impositivo, se implementará un nuevo tributo con el nombre de PAIS (Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria), que estará vigente, en principio, por cinco años. Es un incremento del 30% en precio para la adquisición de moneda extranjera, compra de servicios o de pasajes al exterior. Lo obtenido con este impuesto se destinará en un 70% a la seguridad social y el resto a infraestructura. Las transacciones realizadas antes de la sanción de la ley quedarán excluidas de este tributo.
Las retenciones agropecuarias quedaron en un máximo del 33% para la soja, un 15 para el maíz y de un 5% en las economías regionales que defina el Ejecutivo. En el caso de los hidrocarburos y la minería, el techo fue fijado en el 8%. En este caso, un 67 por ciento de la recaudación será destinada a la ANSES y un 3 por ciento para un Fondo Solidario de Competitividad Agroindustrial con el fin de promover la actividad de pequeños productores y cooperativas a través de créditos. Esta compensación será administrada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
En las negociaciones previas al debate, la oposición consiguió que se eliminara el artículo 85 que facultaba al Ejecutivo a la «modificación, creación, fusión y supresión total o parcial de organismos descentralizados, así como la modificación de sus autoridades superiores, objetivos, funciones, atributos y competencias».
En lo que respecta a sueldos, el proyecto establece la facultad de «disponer en forma obligatoria que los empleadores del sector privado abonen a sus trabajadores incrementos salariales mínimos».
Las tarifas quedarán congeladas por un periodo de seis meses, durante el cual el Poder Ejecutivo estará habilitado a renegociar un nuevo esquema tarifario, a la vez que establece la intervención por un año del ENRE y el ENARGAS, y suspende los traspasos de Edenor y Edesur a la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. También se implementarán moratorias mediante planes de regularización de deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social para pymes.
