Son horas convulsionadas en la política del país vecino, especialmente en torno a la figura del expresidente Jair Bolsonaro, que es acusado de haber intentado alterar las elecciones presidenciales de Brasil del año 2022. Una comisión parlamentaria mixta se encuentra investigando los acontecimientos.
Concretamente, Bolsonaro es apuntado por la contratación de un hacker, llamado Walter Delgatti, con el objetivo de simular un fraude con el sistema de urnas electrónicas, desacreditar a la Justicia Electoral y desconocer un eventual triunfo de Luiz Inácio Lula Da Silva. Delgatti, que es conocido por haber destapado el armado ilegal de la causa judicial del Lava Jato, se presentó el jueves en la comisión legislativa y prestó declaración testimonial, ocasión en la que admitió que invadió el sitio del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) “y también, a partir del CNJ, a todos los tribunales del país”. Agregó que la diputada Carla Zambelli, una de las espadas bolsonaristas en los años de la presidencia del mandatario ultraderechista, le solicitó “invadir algún sistema de Justicia o del Tribunal Superior Electoral o alguna invasión que mostrase la fragilidad del sistema de Justicia, diciendo que sería también una orden del presidente”.
Además, Delgatti afirmó que Bolsonaro le prometió “el indulto por los delitos que pueda cometer con este trabajo”, y que “él sabía que era un delito, pero era una orden del presidente de la República”. Agregó que recibió 40 mil reales (unos 9 mil dólares) por parte de Zambelli como adelanto por colaborar, y la promesa de convertirse en empleado del Gobierno en caso de que se lograra la reelección del entonces presidente. También incriminó al exministro de Defensa, general Paulo Sergio Nogueira, al señalar que le daba órdenes para intentar detectar algún problema en el sistema electoral, y comentó que fue cinco veces a su ministerio para dialogar con técnicos de las Fuerzas Armadas sobre cómo se podía violar dicho sistema.
“Presidente, voy directo al asunto. Confieso que estoy nervioso hoy con lo que escuché”, afirmó el diputado federal del PT, Rogerio Correia, al hacer uso de la palabra durante la sesión del jueves en la comisión. “Voy a cumplir 32 años de mandato parlamentario, entre concejal, diputado estadual, diputado federal, y nunca estuve en una reunión que me dejara tan nervioso como ahora, por lo que él relató. En ese sentido, quería hacer algunas confirmaciones, porque si de facto eso fuera confirmado, entonces nos escapamos de un Golpe de Estado por muy poco”, añadió.
Mientras el presidente Lula goza de un alza en la aprobación de su gestión (60% en el mes de agosto según la encuestadora Quaest, principalmente debido a la baja de la inflación y la restitución de diversos programas sociales), Bolsonaro se encuentra cada vez más acorralado por las causas judiciales en su contra.
La acusación por el intento de fraude no es la única. También está siendo investigado por corrupción, con la presunta venta ilegal de joyas que habían sido regaladas a Bolsonaro en tanto jefe de Estado de Brasil, y continúa su avance el expediente sobre la invasión bolsonarista del pasado 8 de enero, en el cual la fiscalía pidió 30 años de prisión para los implicados, y se detuvo a integrantes de la cúpula de la Policía Militar de Brasilia sospechados de haber participado en el ataque.
