Pocas horas después de la firma del acuerdo que dará impulso a un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, voces críticas y de respaldo hicieron su aparición. Desde «oportunidad para la industria» hasta «acta de defunción de nuestros trabajadores», se escuchó todo tipo de comentarios y especulaciones respecto a esta herramienta que, en rigor de verdad, todavía es algo teórico.
Críticas por incapacidad
El ministro de Producción y Trabajo de la Nación, Dante Sica, consideró que las «rápidas críticas» al acuerdo comercial firmado entre el Mercosur y la UE por parte de dirigentes kirchneristas y otros sectores opositores son «expresiones de impotencia» de aquellos que «han sido incapaces de generar este acuerdo en 12 años de Gobierno».
En declaraciones en la Casa de Gobierno, Sica precisó que el avance no se hubiera cristalizado «sin el liderazgo del presidente Mauricio Macri» y subrayó que los ataques al nuevo acuerdo o bien «forman parte de su ignorancia, o son expresiones de su incapacidad» para lograrlo. Igualmente, aclaró que pueden deberse a cuestiones electorales y ser «expresiones políticas» manifestadas en medio de la campaña electoral y disminuir los logros del gobierno.
«Es una ventana de oportunidad y un cambio trascendental en el rumbo que llevaba la economía argentina», reafirmó el Ministro, y sostuvo que el país «era una de las economías más cerradas del mundo y era uno de los desafíos de integrarnos con el mundo». En ese sentido, Sica indicó que al inicio del gobierno de Mauricio Macri, Argentina tenía «acuerdos de libre comercio con menos del 9% del PBI mundial y, ahora, pasa a tener acuerdos con más del 30% del PBI mundial». El acuerdo Mercosur-UE «representará más inversiones, más comercio, más competencia en el mercado y más bienestar para todos los argentinos», señaló Sica, y precisó que se trata de un acuerdo «muy equilibrado».
Finalmente, rechazó los argumentos de que algunos sectores económicos e industriales puedan desaparecer y subrayó que «no hay sectores que vayan a quedar excluidos», sino que al contrario, «acá todos van a tener oportunidad».
En el mismo sentido se manifestó el canciller Jorge Faurie, quien remarcó que el acuerdo alcanzado en Bruselas «era un objetivo nacional buscado por más de 20 años» por nuestro país, y lo calificó «extremadamente relevante para la región». Faurie señaló que posibilita el ingreso de productos argentinos a un nuevo mercado «de 500 millones de habitantes» y sostuvo que es una «oportunidad para las economías regionales» y de integración con los socios del Mercosur.
Primero un proyecto
El diputado nacional por el Frente Renovador, José Ignacio de Mendiguren, criticó el acuerdo económico de integración entre el Mercosur y la UE y manifestó que el convenio contiene dos errores básicos, ya que «lo primero que hay que hacer es tener un proyecto. O queremos ser el granero del mundo o pretendemos ser un país desarrollado, con valor agregado, que resuelva nuestro déficit estructural», y en segundo término el diputado consideró que «para integrarse, tiene que haber una relación entre pares. Puedo competir con las mismas máquinas, pero cuando ponés en contexto el metalúrgico alemán hace 20 años que tiene la misma macroeconomía, tasa de interés de 2%, inflación anual del 1,5%, cuando la mía es del 6. Macri es el responsable de resolver esas cosas, yo me fundo por lo que él haga no por lo que yo haga».
En declaraciones periodísticas, De Mendiguren destacó la desigualdad en cuestiones financieras para invertir en la producción, y alertó que «si hay que cambiar la máquina, en la Unión Europea el concepto es que la máquina nueva se pague a sí misma. Por lo tanto, se le da al empresario un préstamo con el tiempo equivalente para que se amortigüe y un año de gracia hasta que la máquina se pone en funcionamiento». En cambio, en Argentina, explicó el legislador, «antes de que pise la fábrica ya se tuvo que pagar más del 100 por ciento entre el traslado y los impuestos. Macri quiere que yo compita de igual a igual con ese empresario que no pagó su máquina. Tiene que resolver primero la mochila que nos carga, después que resuelva eso pensemos en una integración».
El exministro de la Producción de Eduardo Duhalde consideró que el convenio y el posible acuerdo comercial entre los bloques puede provocar una primarización de la economía y retrasar al país al Siglo XIX, y reafirmó que con ese tipo de política se corre el peligro de «despojarlo de cualquier matriz industrial».
Acuerdo en secreto
El Justicialismo emitió un comunicado en el que denunció las «concesiones unilaterales realizadas por el Mercosur en detrimento del trabajo». En el documento también cuestionó el hermetismo con que se realizaron las negociaciones. El partido presidido por José Luis Gioja manifestó que el anuncio solo tuvo objetivos electorales en medio de la campaña y que lo revisarán en el Congreso de la Nación. «El gobierno de Macri aceleró el acuerdo político del tratado a cualquier precio, con el único objetivo de llegar a las elecciones con supuestos éxitos diplomáticos», se indica en el texto.
Por otra parte, consideraron que al gobierno no le importaron «los importantes costos internos que en materia de trabajo y producción deberemos pagar en el futuro el conjunto de los argentinos». En ese marco, anunciaron que Macri no podrá eludir la revisión parlamentaria de lo que termine firmando» y que «revisaremos cuidadosamente los compromisos asumidos irresponsablemente por los funcionarios a espaldas de todos».
Para el peronismo, el tratado «afecta seriamente la posibilidad en el Mercosur de llevar adelante una política industrial y de empleo que nos permita un desarrollo sostenible y una integración productiva como región». Además, remarcaron que «el cambio de gobierno en la Argentina y Brasil marcó un punto de inflexión en las negociaciones» que «se han desarrollado en el mayor de los hermetismos, sin dar ningún tipo de información ni participación a los sectores productivos afectados ni a los Parlamentos de cada uno de los países miembros».
Finalmente, sostuvieron que «han trascendido las importantes concesiones unilaterales realizadas por el Mercosur en detrimento del trabajo» y «aspectos que declinan decisiones soberanas sobre política económica y subordinan la legislación y jurisdicción nacional».
