Mientras en Argentina se congrega una marea verde en Plaza Congreso, en Colombia los medios de comunicación hegemónicos ponen a disposición sus lentes y micrófonos a personas que salen a gritar en favor de «las dos vidas» con argumentos frágiles y religiosos. Colombia no avanza y se concentra en demostrar que el aborto es asesinato, muerte y falta de educación. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en los países donde las mujeres tienen acceso a servicios seguros, la probabilidad de muerte como consecuencia de un aborto es de 1 por cada 100.000 procedimientos.
La Corte Constitucional colombiana este lunes se pronunció y dejó la legislación sobre el aborto como estaba: legal en tres causales.
Para Profamilia, organización privada sin ánimo de lucro que promueve el respeto y el ejercicio de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de toda la población colombiana, desde el año 2006 se despenalizó el aborto en tres circunstancias y desde ese momento implementaron un servicio de aborto, con las opciones más seguras, modernas y de comprobada eficacia. Su acompañamiento está enmarcado en la completa confidencialidad que la ley exige, promueva y respetan.
El aborto es un procedimiento para interrumpir el embarazo de una mujer cuando ella así lo decide. Este es un derecho amparado por la legislación colombiana bajo la Sentencia C-355 de 2006.
Cuando la continuación del embarazo constituye peligro para la vida o la salud de la mujer, el carácter de peligro se presenta cuando las circunstancias de la gestación obligan a decidir entre la vida de la mujer y la continuación del embarazo. De igual manera, se debe tener presente que un embarazo no deseado puede afectar considerablemente el bienestar físico, mental y/o emocional. Cuando existe grave malformación del feto que haga inviable su vida fuera del útero y cuando el embarazo es el resultado de una conducta de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentido, o de incesto.
Esta semana el máximo tribunal se inhibió de pronunciarse sobre una ponencia que proponía legalizar el aborto durante las primeras 16 semanas de gestación. A pesar de la expectativa levantada por la posibilidad de abrir el debate sobre esta cuestión, las leyes alrededor de la interrupción del embarazo se mantendrán tal y como están desde hace catorce años.
La abogada Natalia Bernal fue quien abrió este nuevo debate sobre el aborto, con dos demandas que buscaban penalizarlo en cualquier caso, ambas basadas en el derecho constitucional a la vida.
Como lo dijo en entrevista al diario el Espectador, Bernal es doctora en Derecho de la Universidad de París Sorbona y profesora de leyes en Europa. Dice que es creyente y que no obró ante la Corte Constitucional como miembro de partidos políticos ni como miembro de grupos activistas Provida. Según le contó al diario, interpuso las demandas para proteger a los niños, pues asegura haber encontrado pruebas de que hay vida en el vientre materno, aunque las normas en Colombia no lo reconozcan de esa manera.
Por su parte, la ponencia del magistrado Alejandro Linares a favor de la despenalización, argumentaba que la actual legislación genera barreras burocráticas, legales y sociales para ejercer el derecho a la interrupción del embarazo incluso en las tres causales legales.
Un promedio de seis mujeres al mes muere en Colombia por practicar abortos inseguros, así lo registra el Ministerio de Salud y Protección Social que, como ente regulador del Sistema de Seguridad Social en Salud, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, debe ejercer acciones para asegurar que todas las mujeres en el territorio nacional tengan un libre y efectivo ejercicio de sus derechos sexuales y derechos reproductivos, incluyendo el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en las causales establecidas.
En Colombia se realizan poco menos de 17.000 abortos legales al año, según Profamilias, y otros 400.000 clandestinos, de acuerdo con el Instituto Guttmacher.
