Este lunes se hizo oficial la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), tal como había adelantado el Gobierno el viernes pasado.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, se encuentra en consonancia con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N°70/23 realizado apenas comenzada la administración de Javier Milei, donde «se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025», porque «resulta necesario tomar las medidas necesarias para afianzar el proceso de desregulación iniciado en el sector», expresa el reciente Decreto 89/2024, que anuncia la intervención del organismo autárquico y descentralizado, por un lapso de 180 días con posibilidad de una única prórroga.
La decisión gubernamental argumenta que el accionar de ENACOM, creado en 2015, «implicaría abiertos incumplimientos de las disposiciones legales vigentes» y «dichas decisiones han motivado numerosos conflictos judiciales, así como el dictado de medidas contrarias a los actos administrativos emitidos, que deben ser adecuadamente estudiadas y, en su caso, revisadas». «En virtud de ello, y a los efectos de llevar a cabo una ordenada y completa investigación de su actuación, resulta necesario disponer la intervención» y «designar a un interventor y a dos interventores adjuntos». Las personas designadas para dichas tareas son Juan Martín Ozores, Patricia Roldán y Alejandro Pereyra, respectivamente.
En consiguiente, deberán informar a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología un «informe de estado de situación de ENACOM», «relevar la totalidad de los procesos judiciales y administrativos» (que podrán ser reservados al acceso público) y «la estructura actual», y «determinar una reorganización funcional y operativa». Además, deberán «determinar e impulsar las tramitaciones que se encuentran pendientes relacionadas con la asignación de recursos, autorizaciones radioeléctricas, licencias y registros, entre otros, proponiendo y adoptando mecanismos informáticos para agilizar dichos trámites» y «determinar y redefinir regulaciones que por su obsolescencia o por su contenido demoran y dificultan el avance tecnológico».
Asimismo, los nuevos interventores «deberán determinar y redefinir los programas y el alcance de los proyectos sobre el Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) y del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), y el estado de otorgamiento y cumplimiento de los Aportes No Reembolsables».
Estas medidas ponen de manifiesto la libre competencia para el ingreso de empresas en el rubro de las Tecnologías de la Comunicación y la Información (TIC) y una nueva redistribución de licencias en los servicios de telecomunicaciones, posibilitan la llegada al país de compañías extranjeras como Starlink (perteneciente a Elon Musk, con quien el presidente Javier Milei tiene intercambios a través de X, red social del magnate) y permiten la finalización de políticas públicas que faciliten la conectividad en áreas con menor densidad demográfica o de difícil de acceso.
Por ejemplo, el FFSU se financia con el aporte del 1% de los ingresos devengados de las empresas de telecomunicaciones, «cuya finalidad es posibilitar el acceso de todos los habitantes de nuestro país a los servicios TIC prestados en condiciones de calidad y a un precio justo y razonable, independientemente de su domicilio, ingreso o capacidades. Por otra parte, FOMECA «permite redistribuir los recursos que provienen de los grandes medios comerciales (gravámenes y multas) para fomentar procesos de actualización tecnológica y de producción de contenidos de radios, canales y productoras comunitarias y de pueblos originarios».
