Mientras la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) busca frenar la guerra en Ucrania, la Corte Internacional de Justicia investiga un presunto genocidio ruso.
Rusia vetó la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que lo obligaba a abandonar el suelo ucraniano, por lo que en las próximas horas se llevará a cabo una nueva reunión, sin derecho a veto, para delegar a la Asamblea General votación para obligar a su presidente Vladimir Putin a cesar el fuego, en un intento de reivindicación de la diplomacia.
El poder de la ONU tiene falencias
El Consejo de Seguridad es el órgano encargado de preservar la paz y seguridad a nivel mundial y está integrado por 5 miembros permanentes con poder de veto (Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia) y otros 10 miembros rotativos. En este contexto, el representante del Estado ruso le bajó el pulgar a la resolución que hubiese puesto fin a la guerra por la vía pacífica. Esto demostró las limitaciones diplomáticas, que dependen exclusivamente de la persuasión de la política internacional, ya que el derecho se mueve a través de la puja de intereses.
Luego, Estados Unidos puso una carta importante sobre la mesa: si el Consejo de Seguridad vota, sin derecho a veto, que la Asamblea General decida si las fuerzas armadas rusas deben abandonar (o no) suelo ucraniano, Vladimir Putin deberá cumplir con la nueva resolución, acorde a derecho.
Asimismo, la Corte Internacional de Justicia sospecha, de acuerdo a informes de comisiones especiales de la ONU, que se cometieron distintas violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas rusas. De esta forma, a las sanciones políticas y comerciales, se sumarían las sanciones penales, a las cuales se encuentra sometido por la previa ratificación de la jurisdicción de esta corte a nivel nacional.
Por un lado, la vida de 7,5 millones de niños ucranianos se encuentran en peligro, violando los derechos protegidos por la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU (1989). Esto se relaciona con los casi 400.000 refugiados en todo Europa por este conflicto bélico. Así, la vida digna, libertad, seguridad social y acceso a la educación, entre muchos otros derechos, se encuentran vulnerados por el Estado ruso, en Ucrania tanto como en los países a los que tuvieron que huir.
Por otro lado, la CPI investigará las detenciones injustas, arbitrarias y violentas que se aplicaron a los (pacíficos) manifestantes en San Petersburgo y otras ciudades rusas. Costará encontrar estrategias de defensa jurídica, ya que es el delito más común por el cual se condena a un Estado en dicha corte. De probarse de acuerdo al derecho procesal internacional, sería una clara violación al derecho a la libertad de expresión, de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU (1948). Como estas faltas se investigarán muchas otras, como la posibilidad de haberse cometido un genocidio, crimen de lesa humanidad o de guerra en Ucrania.
Mientras la ONU pudo confirmar que las reservas nucleares de Chernóbil (tomadas por el ejército ruso) se encuentran a salvo, el máximo organismo internacional tomó una clara postura en favor de buscar preservar la diplomacia en este conflicto geopolítico, pero con un firme rechazo hacia los actos del gobierno de Putin.
