El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia de Córdoba dictaminó la constitucionalidad de la Ley Provincial de Minería (9.526), que impide la actividad minera metalífera denominada «a cielo abierto» o cuando se empleen elementos como cianuro, mercurio y otros considerados peligrosos. La decisión del órgano judicial se tomó ante un pedido de la Cámara Empresaria de Minería de la Provincia de Córdoba (Cemicor) y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica (APCNEAN) que reclamaban que las restricciones a esta actividad fueran declaradas inconstitucionales.
Desde el Tribunal de Justicia se esgrimió que las restricciones buscan cuidar el ambiente «como bien colectivo supremo». Los integrantes del cuerpo sostuvieron que la norma en cuestión tiene por fin «amparar un uso razonable del agua y mantener en niveles aceptables los efectos contaminantes de determinadas y puntuales actividades, prácticas y procesos mineros, para lo cual ha tenido en cuenta muy especialmente que el método de lixiviación química resulta inaceptable desde la perspectiva ambiental contemporánea».
«Existe consenso en la literatura respecto a que ninguna actividad industrial es tan agresiva al ambiente como la minería metalífera a cielo abierto», se subraya en el fallo. La protección de los recursos hídricos de la provincia fue uno de los pilares del fallo y destacaron que se trata de un bien «único e irreemplazable para toda la humanidad».
«Se ha afirmado que una de estas minas puede gastar entre 50.000 y 300.000 litros de agua por minuto una vez en actividad», mencionaron los funcionarios judiciales y manifestaron que en un informe que obra en la causa se afirma que «en la mina La Alumbrera (Catamarca) se consumen 100.000.000 de litros por día y en la Veladero (San Juan), unos 70.000.000 litros diarios».
Otros antecedentes que se tuvieron en cuenta para la sentencia fueron los casos de la planta de procesamiento de uranio en Los Gigantes y de los residuos del complejo fabril creado en 1952, donde se realizaron actividades de concentración de uranio y desarrollo de procesos asociados y donde funcionaba la planta de producción de dióxido de uranio (UO2) de la firma Dioxitek y un equipo de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de geología y apoyo a otras actividades, que fue cerrada en el mes de noviembre.
