Tras el adelanto hecho por el titular de la Secretaría de Inteligencia, Oscar Parrilli, a principios de año y luego del cruce de la presidente Cristina Fernández de Kirchner con algunos diputados durante la apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso, el gobierno desclasificó los archivos secretos relacionados con el ataque a la entidad mutual judía efectuado el 17 de julio de 1994.
En escrito con fecha 19 de enero, Parrilli había comunicado a la jueza María Romilda Servini de Cubría que, por «expresa instrucción de la Presidenta de la Nación» habilitó a remover de su condición de secreto la la información de Inteligencia solicitada por Alberto Nisman al efectuar su denuncia vinculada a la Causa AMIA y que cuestionaba la firma del Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán.
En ese documento el funcionario señaló que el Fiscal Federal había librado oficios a la Secretaría Presidencial reclamando «la desclasificación de la identidad, las acciones, los hechos y circunstancias correspondientes al personal de Inteligencia que surge del producido de las intervenciones telefónicas de los abonados» a cuatro números telefónicos indicados en la circular.
En consonancia con esta labor de Parrilli se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 395/2015, con la firma de Cristina Kirchner y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que determina la desclasificación de la documentación de la ex SIDE, actual Agencia Federal de Inteligencia, así como «de toda otra nueva documentación, informe o archivo que no hubieran sido aportados oportunamente a la Causa y que pudieran resultar de interés para la investigación».
La desclasificación comprende la «totalidad de la documentación que fuera remitida en custodia a la referida UFI mediante resolución de la ex Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación N° 119/05, Código de Seguridad N° 538, con el fin de garantizar el pleno acceso de las partes a dicha documental», se precisa en el decreto, que también establece remitir «cualquier otra nueva documentación, informe, o archivo que no hubieran sido aportados oportunamente a la causa y que pudieran resultar de interés para la investigación, que obren en poder de la Agencia Federal de Inteligencia de la Presidencia de la Nación».
También se indica que la Unidad Fiscal afirmó: «Teniendo en cuenta que desde la remisión del material aludido han transcurrido diez años, le solicitamos que, en caso de que en el ámbito de la entonces Secretaría de Inteligencia dependiente de la Presidencia de la Nación se hubiera incorporado nueva documentación, informe o archivo que no hayan sido aportados oportunamente a la causa y que pudiera resultar de interés para esta investigación, se proceda a su desclasificación y posterior remisión a esta sede».
Aníbal Fernández explicó que «no se desclasifica la documentación en este momento», ya que «esa desclasificación se hizo hace muchos años en cabeza de quienes tenían que investigar ‘prima facie’ como el fiscal Nisman; lo que se ha hecho en el día de ayer, por decisión de la Presidenta de la Nación, es hacerla pública».
Además, señaló que el objetivo de la decisión presidencial es que «puedan acceder (por ejemplo) los familiares (de las víctimas del atentado), de forma tal que no haya nadie que dude que la información existente ha sido decididamente preocupante para el Gobierno y que ha tenido por vocación siempre que dejara de ser secreto algo que nos importaba a todos por lo delicado de la situación y por los 21 años que vamos a estar llevando ya sin respuestas de ninguna característica».
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