Las dos cámaras del Congreso Nacional, tanto el Senado como Diputados, resolvieron congelar los montos de las dietas que perciben los legisladores por el lapso de 180 días.
Ambos titulares de los cuerpos, Cristina Fernández y Sergio Massa, firmaron las resoluciones respectivas que incluyen la suspensión del incremento previsto para marzo. Si bien contó con el apoyo opositor, Mario Negri, presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, adelantó que presentará una iniciativa para que los otros dos poderes del Estado (el Ejecutivo y el Judicial) adopten una medida similar. «Hace falta que todos los sectores del Estado den las mismas señales si realmente se quieren buscar soluciones integrales para la Argentina», señalaron los diputados de Juntos por el Cambio.
La única diferencia entre ambas resoluciones es que la de Diputados abarca a los sueldos de los legisladores, las autoridades y el «personal político» de la Cámara, mientras que la del Senado no incluyó a ese tercer escalafón. La iniciativa propone incluir a los entes descentralizados y a los bancos oficiales. Asimismo, instará a las provincias y a los municipios a que adhieran a la medida.
«Resulta imprescindible transitar el camino de la austeridad en la función pública, guiados por la ética de la solidaridad y promoviendo políticas acordes a la realidad», se señala en ambas resoluciones. Esta decisión se toma tras la polémica generada luego de la sanción de la Ley de Solidaridad Social y Productiva que suspende por un plazo similar la movilidad de los haberes jubilatorios, salvo aquellos correspondientes a los regímenes de privilegio que benefician a jueces y diplomáticos.
Durante el debate de la ley de emergencia, el senador radical por Formosa, Luis Naidenoff, había planteado la necesidad de congelar las dietas de los legisladores. En un proyecto de resolución, los senadores de PRO y de la UCR propusieron que esta medida se extienda por seis meses, el tiempo que durará el congelamiento de la movilidad jubilatoria.
«Entendemos que la política no puede quedar ausente del esfuerzo que se le pide al resto de la sociedad. Sería contradictorio exigir a los jubilados que resignen una porción de sus ingresos mientras que los legisladores nacionales aumentan sus dietas», había planteado Naidenoff.
En la resolución, se menciona la ley que declara «la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, cuyo eje central se basa en la recuperación integral de las personas más vulnerables y relegadas de nuestra comunidad». En consecuencia, se expresa que «en atención a estos objetivos, resulta imprescindible transitar el camino de la austeridad en la función pública, guiados por la ética de la solidaridad y promoviendo políticas acordes a la realidad», por lo que es «imperioso efectuar una revisión y análisis de los gastos» de la Cámara «en línea con la situación de emergencia económica y social» del país. «Suspender por 180 (ciento ochenta) días los incrementos de cualquier carácter sobre la remuneración mensual de las Señoras Diputadas y Señores Diputados, autoridades superiores y personal político de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación», indica el párrafo clave de la resolución.
Sueldos legislativos
Un diputado nacional cobra de bolsillo unos 161 mil pesos y aquellos con domicilio ubicado en un radio mayor a los 100 kilómetros de la capital reciben un plus por desarraigo que es equivalente a 14% del total de la dieta. Por otra parte, pueden optar por percibir sumas fijas de dinero en concepto de «movilidad» -que pueden ser de 10.000, 20.000 o 30.000 pesos según la opción elegida- en lugar de los tramos aéreos y terrestres. Un senador recibe de bolsillo una dieta de 163 mil pesos a lo que se le suman otros 20 mil por representación. También cobran plus por desarraigo y movilidad.
