El 2022 no resulta ser un buen año para el sistema democrático en Myanmar, luego del Golpe de Estado llevado a cabo en el mes de febrero. Luego de casi cuatro décadas sin esta práctica, volvieron las ejecuciones en el país ubicado en el sudeste asiático.

Para ser más preciso, cuatro fueron las personas a las que el gobierno de facto encabezado por el general Ming Aung Hlaing decidió quitar la vida de manera programada, entre ellas dos figuras reconocidas en la vida política y social: Phyo Zeya Thaw (41 años de edad) y Kyaw Min Yu (53 años). Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw son las otras asesinadas.

El primero de ellos fue detenido en noviembre y pertenecía a la derrocada la Liga Nacional por la Democracia (NLD), de la cual formó parte como parlamentario. El segundo mencionado era activista político. El argumento oficial para las ejecuciones fue por «actos de terror brutales e inhumanos» y la pena de muerte se realizó «bajo el procedimiento de la prisión».

«Estas ejecuciones equivalen a privaciones arbitrarias de vidas y son otro ejemplo del atroz historial de derechos humanos de Myanmar», afirmó Erwin Van Der Borght, director regional de Amnistía Internacional. «Los cuatro hombres fueron condenados por un tribunal militar en juicios altamente secretos y profundamente injustos. La comunidad internacional debe actuar de inmediato, ya que se cree que más de 100 personas están en el corredor de la muerte después de haber sido condenadas en procedimientos similares», aseguró.

Por su parte, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, advirtió que se trata de una «flagrante violación del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de una persona», en un país que lleva más de 2.000 civiles muertos y más de 15.000 detenidos en lo que va del año.

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