El Gobierno Nacional anunció que, a partir de ahora, los colegios podrán aumentar el valor de las cuotas y matrículas sin acordar e informar con anticipación a las familias ni aguardar por el aval del Estado.
De esta manera, la administración que encabeza Javier Milei continúa con la desregulación que, en este caso, afecta el sector educativo, porque «presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país», argumenta el texto. El Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, derogó la normativa que regulaba los aranceles en la gestión privada, vigente desde hace más de 30 años bajo el Decreto 2.417/1993.
Además, las instituciones podrán modificar los recargos y las formas de pago de cuotas atrasadas, que anteriormente debían notificarse antes del 31 de octubre, con una prórroga hasta el 15 de noviembre. Otro de los cambios que realizó el Poder Ejecutivo es el que obligaba a un acuerdo entre las partes (colegios y familias) y, de no llegar a buen término, el importe de las cuotas, matrículas y valores de los pagos atrasados debía mantenerse. «Fue dictado en un contexto fáctico y normativo distinto al actual» y «en aquel entonces la administración de la educación se encontraba bajo la órbita del Gobierno Nacional», detalla el documento.
El decreto explica que «la estructura de costos y consecuentemente de aranceles de la educación ha variado desde entonces», «dicha intervención limita su capacidad de adaptación a las fluctuaciones del mercado» y «la intervención del Estado en la regulación y financiamiento de los establecimientos de enseñanza de gestión privada, aunque busca garantizar la calidad educativa, ha generado efectos contraproducentes que afectan su funcionamiento y viabilidad económica».
Finalmente, el documento justifica la medida: «Al ser entidades privadas, deberían tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados, sin necesidad de autorización estatal». «El principio de libre contratación debe ser resguardado, permitiendo a las instituciones educativas el derecho a definir sus políticas de precios y compensaciones, en el marco de una competencia leal y en función de las demandas del mercado», completa.
Soy comunicador visual y social. Hace más de 30 años descubrí la magia de la radio y, desde entonces, la disfruto tanto como escribir, como una simple charla, un buen vino o el fútbol. Profe de Análisis Crítico de los Medios y de Marketing Digital. Empezar de cero es volver a ponerle el máximo de energía y entusiasmo a cada proyecto o desafío.
