Con la aprobación de 130 votos positivos, principalmente de los sectores del oficialismo (Frente para la Victoria y Nuevo Encuentro), y la negativa, en 99 casos, de los partidos agrupados en la oposición a la gestión del gobierno nacional, el proyecto que impulsaba cambios radicales en el Código Procesal Penal se convirtió en ley durante el debate nocturno del 4 de diciembre en la Cámara de Diputados de la Nación.

Al respecto de la sesión iniciada en horas del mediodía, resulta curioso que los representantes opositores a la iniciativa presentada por el kirchnerismo decidieron presentarse en la sala una vez que tuvieron conocimiento que el oficialismo había logrado por su cuenta el quórum necesario para votar.

Fue así que, pese al correspondiente intercambio de opiniones y posturas en el recinto, el Código obtuvo el aval que lo transforma en ley, lo que provocó críticas como la de Mario Negri, jefe del bloque radical, quien acusó al oficialismo de otorgarle mayor poder a la Procuración General de la Nación o, como expresaron Oscar Martínez (Frente Renovador) y Manuel Garrido (UCR) al afirmar que con esta decisión se concentra el poder en la titular del Ministerio Público Fiscal. Vale mencionar que Martínez declaró que junto con Sergio Massa quieren que se deje de defender al delincuente y “terminar con la puerta giratoria”, expresión escuchada más de una vez en los últimos tiempos y hasta utilizada por la presidente Cristina Fernández de Kirchner, quien precisamente aseveró que con los cambios introducidos en el proyecto se termina con este problema.

Acerca de las modificaciones sustanciales al nuevo Código Procesal Penal se destaca que pasa de un modelo inquisitivo a uno acusatorio, es decir, se quita el eje de la figura del juez y pasa a colocarse sobre la persona del fiscal. Sobre este aspecto, la referente del oficialismo y defensora del proyecto, Juliana Di Tullio, afirmó que el cambio es necesario, porque la norma precedente “solo le sirve a una docena de jueces que tiene todo el poder en sus manos”. Además, no dejó pasar la ocasión y responsabilizó a la oposición de “defender a las corporaciones”, a la vez que recalcó que esta es una iniciativa que “vienen reclamando todos los partidos desde la restauración democrática”.

Asimismo, Graciela Giannettasio (presidente de la Comisión de Justicia), celebró la votación y declaró que el nuevo sistema “establece una nueva organización judicial” y fomenta “la celeridad, oralidad, publicidad y simplificación de los trámites”. Por otra parte, Claudio Lozano (Unidad Popular) puso paños fríos a la discusión y dejó en claro que este es “un debate reformista necesario” pero que no se trató en profundidad.

Recordemos que uno de los puntos más fuertes del proyecto anuncia la expulsión del país de los inmigrantes que sean hallados culpables de cometer un delito en flagrancia. Además, pone plazos en la duración del proceso judicial, que no puede extenderse más allá de los tres años.

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