Entre la urgencia y el deber histórico

En la primera semana de funcionamiento de la Convención Constitucional chilena -instalada el pasado 4 de julio-, la dupla conformada por la presidente del órgano, Elisa Loncón; y el vicepresidente, Julio Bassa, entendió la importancia del momento y de su propia responsabilidad, lo que los posicionó como los grandes protagonistas en una semana compleja y comenzaron a poner orden frente a la desidia demostrada por el gobierno de Sebastián Piñera, cuya falta de conexión con la realidad del país lo sigue marginando del histórico proceso que vive la nación.

La actuación orgánica y la acción decidida de ambos fueron las principales claves para que la instalación de la Convención no terminara en completo fiasco, dándole la razón, primero, a quienes votaron rechazando el proceso constituyente, mismo sector que luego, ante el magro resultado en el plebiscito, se planteó como objetivo buscar la cantidad de escaños necesarios para bloquear las iniciativas que atenten contra los intereses sostenidos principalmente por la Derecha. Sin embargo, nuevamente fracasaron en las mega elecciones celebradas a mediados de mayo último.

Por supuesto que se trata de un proceso histórico para nada fácil: por un lado, el órgano constituyente -como entidad autónoma- debe elaborar y aprobar completamente su normativa orgánica, lo cual comenzó a verse esta semana. Para ello cuenta con un plazo de 30 días, de lo contrario, además del incumplimiento de los plazos legales corre el riesgo de comenzar a convertirse en una suerte de “elefante blanco” frente a la opinión pública, al menos para aquel sector que apoyó con reparos el proceso.

A lo anterior se suma la diversidad de voces representadas en el órgano constituyente, gran parte de las cuales no tuvieron un espacio de representación en tres décadas de una democracia sui generis, y que encontró en la Centroizquierda, la Democracia Cristiana y en una sobrerrepresentada Derecha, los mejores celadores del modelo heredado de la sangrienta dictadura que gobernó Chile entre 1973 y 1990. Se trata de voces invisibilizadas y negadas por una institucionalidad de raíz conservadora.

De ahí la potencia de las primeras imágenes que dejó la semana de instalación de la Convención Constituyente: Elisa Loncón, una mujer mapuche que en su relación con el mundo winka -al igual que gran parte de sus hermanos y hermanas- debió soportar el mote de “india” y otros muchos epítetos racistas y despectivos, fue elegida presidente de uno de los órganos con mayor trascendencia histórica de, al menos, los últimos 50 años. La elección de esta profesora de inglés, magíster en Lingüística, doctora en Humanidades y Literatura, investigadora del Mapudungún y de su relación en el contexto contemporáneo, además de activista por los derechos del pueblo mapuche, vino a quebrar el paradigma con el que históricamente se relacionó el Estado de Chile con sus naciones originarias, especialmente con quienes habitan ancestralmente el Wallmapu. Se dice que “la ignorancia puede ser insolente”, y una parte de ese mundo reaccionario, cuyos méritos son sustentados básicamente por los privilegios, más que nunca en estos días lo deja de manifiesto.

Para quienes no quisieron ver las razones del estallido social de octubre de 2019, génesis irrefutable de este proceso constituyente, y que mucho menos pudieron hacer una lectura medianamente sensible, conectada y empática de lo que sucedió los últimos 21 meses -ni decir de las últimas tres décadas-, todavía deben estar masticando aquella imagen de Elisa Loncón, con su atuendo tradicional, en la testera del Salón de Honor del ex Congreso Nacional, debajo del fresco titulado “El descubrimiento de Chile por Diego de Almagro”, perteneciente a uno de los pintores preferidos por la historia oficial, Pedro Subercaseux. La imagen muestra al español, un invasor a ojos de los pueblos originarios, montado en un imponente caballo blanco, bajo la mirada temerosa de varios indígenas. Para un país donde las formas tienen una importancia supina, aquella imagen es una muestra clara de la transformación que vive Chile.

Como todo proceso inédito, se corren riesgos

Una de las críticas que recibió durante los primeros días el organismo constituyente tiene que ver con el foco que puso en cuestiones que se entienden ajenas a las obligaciones de la entidad. Específicamente, una de las sesiones de la primera semana de actividades estuvo dedicada a votar una declaración en solidaridad con quienes se consideran presos políticos, y que en definitiva fue aprobada por más de dos tercios, instando al Congreso a acelerar una ley de amnistía, lo que provocó la crítica y el rechazo de los sectores reaccionarios, quienes entienden que los detenidos solo califican como “vándalos” y “delincuentes”. Se trata de aquellas y aquellos que fueron detenidos a partir de octubre de 2019, quienes en un número importante de casos todavía no tienen, en su contra, pruebas acusatorias concluyentes. Precisamente, durante los últimos dos meses se cuentan por varios los casos de jóvenes que fueron liberados por falta de pruebas, luego de pasar largos meses en prisión. Los sectores más comprometidos con las movilizaciones de octubre y que están representados en la Convención alegan que se trata de montajes por parte de la policía militarizada chilena, mediante los cuales pretenden justificar el discurso oficial resumido en la tristemente famosa frase del presidente Sebastián Piñera: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable”, dicha dos días después del comienzo del estallido social.

En tal contexto, este domingo 18 julio se realizarán las primarias presidenciales de la Derecha, por un lado, y de la coalición compuesta por el Frente Amplio y el Partido Comunista, por otro. En el caso del oficialismo, la seguidilla de paupérrimos resultados desde el plebiscito de finales de octubre de 2020, un gobierno ausente, la negativa a los cambios y la falta de liderazgo, sitúa a la Derecha como una opción sin propuestas viables que conecten con las demandas de la ciudadanía. Algo similar sucede con la Centroizquierda, que no irá a las primarias, y que en el caso particular del Partido Socialista, decidió insistir con la candidatura de Paula Narváez -la ungida por la expresidente Michelle Bachelet- a quien, más allá de una sólida formación profesional, su falta de training político le pasó cuenta y no logra marcar siquiera mínimos de preferencia.

A diferencia del establishment político que se alternó en el poder durante las últimas tres décadas, la coalición formada por el Frente Amplio y el Partido Comunista, no sin el ruido propio de la contienda electoral, llega con una carta presidencial que provoca urticaria, entendible en una Derecha todavía con resabios pinochetistas, pero que también se repite en una parte de la Centroizquierda que insiste en ver los fantasmas del caos frente a la candidatura comunista de Daniel Jadue. El alcalde de la populosa comuna de Recoleta, situada en el Gran Santiago, concita odios y amores y, si bien comenzó esta etapa con una importante intención de voto, la figura del joven candidato del Frente Amplio, el diputado por la Región de Magallanes, Gabriel Boric, se perfila como un proyecto renovador de largo aliento, consciente de que los cambios y las transformaciones que requiere el país suponen un fuerte trabajo a nivel territorial, más allá de la coyuntura electoral.

Así las cosas, cada uno de los participantes de estas primarias, así como quienes finalmente se enfrenten en las elecciones presidenciales de noviembre próximo, tendrán un contendiente mayor del cual preocuparse: una abstención que, desde la implementación del voto voluntario en el año 2009, se sitúa, en promedio, en torno al 55%.

Artículo elaborado especialmente para puntocero por Felipe Bäuerle Fuchser.