Las recientes elecciones en Perú, que contaron con Keiko Fujimori (hija del exmandatario) como su segunda candidata más fuerte, volvieron a poner en la opinión pública lo que significaron los años de fujimorismo para el país, recordando una de las arbitrariedades más graves llevadas adelante por el régimen: las esterilizaciones forzadas de mujeres indígenas.
Cabe recordar que durante los años 90′ el Estado peruano, en el marco de una política de control demográfico, ordenó la esterilización de cerca de 270 mil mujeres de origen humilde, muchas de ellas campesinas e indígenas. Las denunciantes declararon haber sido coaccionadas con el pago de multas, penas de prisión o el retiro de ayuda alimentaria por negarse.
En el caso de otras personas, sucedió que no fueron informadas correctamente sobre el procedimiento, ya que en su mayoría solo comprendían la lengua quechua y firmaron el consentimiento engañadas por las autoridades.
El saldo de estas intervenciones son aproximadamente 18 mujeres muertas que, además, no recibieron los cuidados posoperatorios adecuados.
Esta medida atentó contra la integridad corporal, la salud, la intimidad, la vida familiar (incluido el derecho a decidir el número y espaciamiento de los hijos), así como el derecho a la no discriminación.
En este sentido el pasado 1° de marzo, 25 años después, inició el juicio hacia el expresidente Alberto Fujimori y exfuncionarios de su gobierno, “como autores mediatos de la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud; lesiones graves seguida de muerte en un contexto de graves violaciones contra los derechos humanos y por el delito de lesiones graves”.
Al respecto, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, Marina Navarro, afirmó que “las esterilizaciones forzadas cometidas por el Estado peruano durante los 90′ son crímenes de lesa humanidad y, por ende, no pueden prescribir. Las víctimas tienen derecho a verdad, justicia y reparaciones sin más dilaciones ni excusas».
