Impunes, condenados y recordados

Condena al gatillo fácil

Esta semana, el Tribunal Oral Federal N°3 de Lomas de Zamora condenó a prisión perpetua a Héctor Amarilla, excomisario de la Policía Bonaerense.

Amarilla trabajaba como seguridad privada en un local de ropa, en el partido de Lanús, cuando el 25 de septiembre de 2013 le disparó a Nicolas Vázquez porque, según él, “se había robado una remera de fútbol”.

Luego de ejecutarlo, intentó montar una escena que le diera veracidad a su relato: plantó un arma y se disparó en la pierna para simular un enfrentamiento que no existió. Sin embargo, a lo largo del primer año de la causa se dio por cierta su versión, pero con el cambio de fiscal la Justicia trató el hecho como un episodio de gatillo fácil.

Cuando Nicolás Kazewsky, fiscal de la UFI N°8 de Lomas de Zamora, ordenó la detención y el Juez de Garantías N°3 de esa localidad avaló la medida, el excomisario ya no estaba en su casa.

Durante la investigación judicial escapó y permaneció cinco años prófugo, pese a figurar en la lista de personas más buscadas del Ministerio de Seguridad de la Nación y por el que se llegó a ofrecer una recompensa de 500.000 pesos.

Finalmente fue detenido en 2019: se había ido del país y fue capturado al regresar para visitar a un nieto recién nacido.

El juicio sufrió varias postergaciones, hasta que por fin se concretó. La Fiscalía (representada por Viviana Giorgi) tanto como la abogada Marina Pirro, por parte de la familia de la víctima, solicitaron la pena máxima para Amarilla, imputado por el delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por su condición de funcionario policial”.

Impunidad para Blaquier

El Tribunal Oral Federal de Jujuy declaró “inimputable” al empresario Carlos Pedro Tadeo Blaquier y lo apartó por segunda vez del juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.

La decisión fue tomada por mayoría por los jueces Gabriela Catalano y Abel Fleming y en disidencia firmó la jueza María Alejandra Cataldi, quien votó por repetir los estudios a partir de las dudas marcadas por algunos especialistas de la fiscalía y de la querella del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH).

La causa por las «Noches de los Apagones» tenía a Blaquier y al administrador de Ledesma, Alberto Lemos, procesados por secuestros a una veintena de personas en Ledesma, Calilegua y Libertador San Martín a mediados de 1976.

El expediente permaneció paralizado durante 8 años. En 2013, cuando el empresario no tenía problemas de salud, la causa estaba en condiciones de ir a juicio oral pero quedó frenada por decisión de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, integrada por Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Eduardo Riggi.

Recién en julio de 2021, la Corte Suprema de Justicia decidió tomar el caso y anuló lo resuelto por la Casación, señalando que esa decisión había sido “arbitraria” y que “obstaculizó indebidamente el avance del proceso”.

En diciembre del año pasado, una evaluación concluyó que Blaquier padece “una afección compatible con deterioro cognitivo, en fase al menos moderada” que “dificulta su desempeño y le resta la autonomía psíquica suficiente como para estar en juicio y/o como para instruir debidamente a su defensa”.

Por su parte, los peritos Claudio Capuano y Luis Ohman, de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) -que depende del Ministerio Público Fiscal- discreparon y consideraron que “el diagnóstico clínico de Blaquier es el de simulación”.

De esta forma, un impedimento biológico permite que una de los responsables civiles de la última dictadura cívico militar permanezca impune.

Nadie se suicida en una comisaría

Se cumplieron dos años de la muerte de Florencia Magalí Morales, quien fue hallada sin vida en la Comisaría del Distrito 25° de Santa Rosa del Conlara -provincia de San Luis-, en plena etapa de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO) durante la pandemia en 2020.

En su momento, la fuerza policial puntana dijo que la detuvo por violar la cuarentena, pero la mentira se cayó cuando una cámara de seguridad mostró que ella ingresó por voluntad propia a la comisaria. Momentos más tarde la encontraron colgada en una celda con ropa que no era suya.

A pesar de que el cuerpo no fue conservado de forma correspondiente y faltaban músculos del cuello, la última autopsia determinó que la causa de muerte fue “asfixia mecánica por estrangulamiento”.

Su familia denuncia que a Magalí la mataron y está haciendo pasar su caso como un suicidio, nombre que actualmente lleva la carátula que investiga la Justicia sin detenidos ni procesados.

Fuentealba, siempre presente

Por otro lado, se cumplieron 15 años sin Carlos Fuentealba, asesinado por la Policía de Neuquén en 2007 en contexto de protesta social.

Un reclamo por recomposición salarial docente que se terminaba cuando el cabo Jose Darío Poblete disparó al auto en el que se encontraba Fuentealba.

Poblete fue condenado a prisión perpetua un año y medio después, aunque más adelante en el tiempo se lo pudo ver en libertad gracias a la colaboración de un colega uniformado que le permitía salidas regulares.

Hoy Poblete está preso, pero solamente él está en esa situación. El gobernador Jorge Sobisch ni los altos mandos policiales pisaron un tribunal siquiera por este caso, a pesar de ser quienes impartieron la orden de reprimir y abrir fuego contra la protesta.

En memoria del docente se realizaron diferentes actos para reivindicar su figura y su militancia en defensa de los derechos laborales docentes.