5 policías detenidos por la muerte de Daiana

La Justicia ordenó la detención de cinco policías bonaerenses acusados de ser responsables de la muerte de Daiana Abregú. Los nombres de los detenidos son Juliana Zelaya, Adrián Osvaldo Núñez, Vanesa Soledad Núñez, Pamela Di Bin y Leandro Esteban Fuhr.

Se les imputa el delito de «homicidio doblemente agravado, por su comisión con alevosía y por tratarse de miembros de la fuerza de seguridad policial en abuso de su función». Así lo dispuso la jueza Fabiana San Román, a cargo del Juzgado de Garantías N°1 de Olavarría.

Daiana Soledad Abregú tenía 26 años, había salido a bailar un sábado a la noche, y en las horas del domingo 5 fue llevada a la comisaría de Laprida por presuntos disturbios -una contravención- en la vía pública. Doce horas después, cerca de las seis de la tarde, dos oficiales tocaron la puerta de la casa de su familia diciendo que la joven se había suicidado con una campera y no llegaron a tiempo para asistirla.

La primera autopsia, de alguna forma, avalaba esa teoría, ya que arrojó como resultado que Daiana murió por asfixia mecánica, aunque eso no significaba que solamente pudiera haberse ahorcado.

Cuando se produce una muerte en situación de encierro hay una responsabilidad inicial del Estado de no proteger la integridad física y la vida de las personas bajo su custodia. Es por eso que la familia comenzó a sospechar de la versión de los agentes.

Por otro lado, esta primera autopsia se realizó sin seguir el Protocolo de Minnesota: procedimiento modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias, cuyo modelo es recomendado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para investigar crímenes en los que se hubieran cometido ejecuciones ilegales, muertes violentas, inesperadas o sospechosas que hayan sucedido por el uso excesivo de la fuerza estatal.

La Comisión Provincial por la Memoria intervino en la causa y pidió que se investigue exhaustivamente, teniendo en cuenta que Daiana murió mientras estaba al cuidado de la Policía Bonaerense en una comisaría que no estaba habilitada para alojar a personas detenidas en sus calabozos.

Ante las irregularidades del primer informe forense, el abogado de la familia de Daiana, junto con la Comisión por la Memoria solicitaron una re autopsia, a cuya realización se opuso y luego dilató el fiscal José Ignacio Calonje. No obstante, la misma se realizó por cuatro médicos forenses de la Asesoría Pericial de La Plata, con resultados determinantes.

Los expertos establecieron que en el cuerpo de Abregú «se constataron hallazgos compatibles con un síndrome general asfíctico», sin que se advirtiera surco de ahorcadura, lesiones en partes blandas (músculos del cuello) ni alteraciones en laringe ni del hueso hioide, lo que descartó de plano que se haya colgado con su campera, como afirmaban los policías de turno y la irregular primera autopsia.

Todas estas pruebas resultaron ser más que suficientes para demostrar que la joven fue asesinada. Por ese motivo, se libró de inmediato la orden de detención firmada por la jueza San Román, quien curiosamente le dedicó cuatro páginas a cuestionar la falta de pruebas aportadas por el fiscal Calonje quien, subrayó en la resolución, solo aportó datos que «provienen de miembros de la fuerza, que en esta instancia se encuentran involucrados».

Se están realizando declaraciones indagatorias a los detenidos -que aún no fueron pasados a disponibilidad-, peritajes a sus teléfonos celulares y otra serie de medidas probatorias.

Genocida violó prisión domiciliaria

Según pudo constatarse con el Centro de Monitoreo encargado de esta tareas, el represor Jaime Lamont Smart violó la prisión domiciliaria de la cual goza.

Lamont Smart es un exjuez que integró el tribunal especial conocido como el «Camarón” para juzgar actos atribuidos a la “subversión” en los tempranos 70′, durante la dictadura de Roberto Marcelo Levingston. Aún le quedaba algo por darle a las dictaduras, por eso en 1976 fue ministro de gobierno bonaerense, muy cerca de Ramón Camps y Miguel Etchecolatz.

Fue condenado a prisión perpetua en los juicios conocidos como “Circuito Camps”, “La Cacha” y “Brigada de San Justo”, aún afronta causas en sus contra por otros delitos de lesa humanidad y, lo más curioso, es que no se sabe por qué tiene el beneficio de la domiciliaria (el cual viola), ya que la Corte Suprema se lo revocó en noviembre de 2021.

A pesar de no tener autorización para ausentarse de su domicilio, desde la defensa de Lamont Smart sostienen que “se dio aviso previo” de la salida. Se aguardan posibles resoluciones respecto a la modalidad del cumplimiento de sus condenas.

Reactiva causa por desaparición en Corrientes

Mario Golemba vivía en Oberá (Misiones) hasta que desapareció el 27 de marzo de 2008. Desde ese momento no se supo más nada de él. Iba a la nutricionista cuando salió de su casa por última vez. 

Durante todo estos años no hubo avances en la causa, movimientos ni indicios que ayuden a saber qué pasó con él. El año pasado la causa pasó a la Justicia Federal y la cosa cambió.

Se comenzó a investigar una posible desaparición forzada de persona y se realizan múltiples allanamientos y operativos que refuerzan la hipótesis de que el joven fue víctima de violencia policial. Más de 14 años después, recién aparecen los primeros avances.

A partir de la nueva instrucción judicial, se están recuperando pistas e indicios que fueron ignorados durante casi 15 años, se está intentando reconstruir el caso, ahora con la intervención de  la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin), el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) y ahora Gendarmería, Policía Federal y Prefectura.

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