En la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del 25 de septiembre en New York, Donald Trump enfatizó su discurso en la lucha contra las drogas. El llamado del presidente de Estados Unidos se hizo extensivo para todos los mandatarios: «Llamado mundial a la acción sobre el problema mundial de las drogas».
Al parecer el presidente de Colombia, Iván Duque, se sintió tocado y respondió con la convicción que lo llevó a su victoria electoral. «Vamos a disminuir los cultivos ilícitos en el país, Colombia tiene el deber moral de luchar contra el tráfico de drogas ilícitas y la adicción que está destruyendo las almas de tantos jóvenes». Esta es la visión de Duque. Visión que lo llevó a firmar un decreto este lunes que le permitirá a la policía confiscar cualquier cantidad de droga que porten los ciudadanos en las calles del país.
Criollo y ambiguo
Bajo el argumento de que «la defensa de los derechos de la ciudadanía, de los niños, y la protección del espacio público no tiene ideología ni color político», el Presidente le entrega a la fuerza pública el derecho de decomisar cualquier cantidad de sustancia psicoactiva, hacer una multa y solo devolver la dosis y la libertad a cambio de declararse adicto. Esta declaración solo la pueden constatar los padres del acusado y quedará en manos de la policía creer o no la versión. Así, tan criollo y tan ambiguo, se resuelve un asunto que no solo degrada a los consumidores sino que también fomenta aún más el narcomenudeo y las ventas ilegales, un negocio millonario.
El rechazo de distintas organizaciones como Dejusticia y el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) que señalan que regular el porte de drogas ilícitas no es bajo ninguna medida un acto legislativo novedoso, ni tampoco la solución para terminar con el problema y, por el contrario, recae en las reglas impuestas con anterioridad, normativas que hasta el momento no han causado mejorías.
De productores a consumidores
Colombia ha pasado de ser un país productor a uno consumidor y con cifras que aterran. Las cifras del estudio «Narcomenudeo en Colombia, una transformación de la economía criminal» del DNP son contundentes: el país hoy en día ocupa el cuarto lugar a nivel regional en consumo de cocaína y marihuana, siendo los centros urbanos los lugares en donde se presenta el mayor número de consumidores.
Cifras del DNP, además, advierten que existen cerca de 1.500.000 de consumidores, de los cuales 832.000 viven en las ciudades capitales como Bogotá, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, Santa Marta y Pereira.
Negocio redondo
No es casual que en Colombia el narcotráfico represente no solo parte importante en la economía, sino que también en la política. Muchos candidatos a puestos públicos se han visto envueltos en financiamiento de campañas por capos de la droga.
Se estima que el negocio del narcomenudeo en Colombia movió, en el año 2015, a través de las organizaciones criminales del microtráfico 6 billones de pesos (equivalentes al 0,75 del Producto Bruto Interno). De ese valor estimado de mercado, $ 300.000 millones corresponden a las ganancias de la red dedicada al cultivo y producción, $ 2,5 billones a la banda delincuencial que la distribuye y $ 3,2 billones a los expendedores de droga que la ponen en las calles para el consumo.
Desde su campaña electoral, Iván Duque prometió mano dura contra el narcotráfico. Piensa volver a la fumigación de cultivos ilícitos, persecución a los carteles de droga y ahora, con esta propuesta, piensa poner fin al narcomenudeo, el tipo de venta al menudeo en calles y colegios del país. Sin embargo, la consecuencia de permitir que la policía decomise y tenga total libertad de represión no genera que el consumidor deje de hacerlo, por el contrario, el adicto buscará a cualquier precio la dosis, se aumentará la demanda y el precio genera crecimiento de las mafias. Un sistema en el que llevamos más de 40 años en Colombia. El modelo de persecución a las drogas.
En el 2016 la sala penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó que se puede portar incluso más de la dosis personal si es para consumo propio y no hay indicios que sea para traficar. La dosis mínima en Colombia es de 20 gramos para marihuana, marihuana hachís 5 gramos, metacualona 2 gramos y cocaína 1 gramo. Si se expide el anunciado decreto, mejor no portes nada, porque la policía te lo puede quitar con una contradicción hasta graciosa. Podés tener en tu casa y consumir la dosis mínima, el problema es que no podés cruzar por espacios públicos.
La pregunta es si Colombia se quiere parecer a Filipinas, China y Estados Unidos, países que optaron por un modelo de represión. O estar más cercanos al contexto de Canadá, Uruguay y Europa, que luchan por la defensa de los derechos ciudadanos y por un modelo alternativo en cuestión de drogas.
